Necesario aprobar Ley de Colaboración Eficaz, afirma la MACCIH en quinto informe
La MACCIH en la presentación del quinto informe semestral, manifiesta que de ser aprobadas la Ley de Colaboración Eficaz y reformar la "Ley de Secretos", permitirán el fortalecimiento institucional y el combate eficaz contra la corrupción.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), reiteró la necesidad de avanzar en la aprobación de leyes que fortalezcan el sistema nacional anticorrupción como la Ley de Colaboración Eficaz y las reformas a Ley de Clasificación de Documentos.
En cuanto a la Ley de colaboración eficaz desde diciembre de 2016, la MACCIH presentó al Poder Ejecutivo un anteproyecto de Ley el cual posteriormente fue turnado al Congreso Nacional el 7 de abril de 2017, no obstante, el mismo no fue aprobado en dicho año.
Luego de hacer nuevos acercamientos con el Ministerio Público, diputados del Congreso Nacional y otros funcionarios de gobierno, y en atención a que tanto el Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH como el Gobierno habían presentado dos proyectos distintos, se conformó un equipo técnico exclusivamente integrado por funcionarios de la MACCIH, el cual efectuo una revisión integral de ambos Proyectos de Ley incorporando elementos y aportes en un solo texto.
Actualmente, el nuevo proyecto ha sido remitido a la Unidad Gubernamental de Acompañamiento y Respaldo a la MACCIH para su revisión y reingreso en el Congreso Nacional de la República.
La MACCIH reitera que es necesaria la aprobación de dicha ley para la consolidación de herramientas jurídicas que permitan profundizar las investigaciones, lograr detectar las redes de corrupción que vinculan altos funcionarios del Estado y personas del sector privado.
En cuanto a las reformas a la legislación sobre clasificación de documentos públicos de seguridad y defensa nacional, la MACCIH reiteró que la norma es relevante pues, argumentando motivos de seguridad nacional, se ha clasificado como reservada información financiera y administrativa.
La Misión está aún a la espera de respuesta al ofrecimiento conjunto de asesoría técnica al Congreso Nacional, entre la MACCIH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de apoyar los trabajos de la respectiva comisión de dictamen al proyecto del Ejecutivo, nombrada por el Congreso Nacional. Actualmente se han generado mesas técnicas con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), ya que consideran necesario que ese ente recupere su competencia en el tema de clasificación de documentos.
Fortalecer la UFECIC
"Para finalizar el informe, la MACCIH hace otras recomendaciones de prioridad como el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), así como de los Juzgados y Tribunales contra la Corrupción con Competencia Nacional, garantizando su independencia y autonomía y la seguridad de los operadores de justicia para que puedan realizar sus labores dentro de un ambiente que garantice sus actividades.
Asimismo que el Ministerio Público mantenga la independencia que por mandato constitucional le corresponde, ya que es la contraparte más importante de la MACCIH en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Reitera que es necesaria la implementación de un protocolo de protección de testigos, que de manera efectiva garantice la vida de estos y su comparecencia ante los jueces competentes, para que se pueda llevar adelante con garantía de éxito, investigaciones de alto perfil que involucren a personas con determinado poder real, político y/o económico.
La MACCIH recomienda ademas que, para el fortalecimiento de la democracia, es necesaria una ley de carrera fiscal y judicial que regule el sistema de acceso a la misma, la permanencia y ascenso, así como el control disciplinario, de manera a hacer un refuerzo de las carreras y asegurar las garantías necesarias a su ejercicio.
Tambien considera necesario que se garantice que el espacio de la justicia no sea politizado ni tenga relaciones con cualquier partido político de manera que mejore la confianza y reconocimiento de la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial como instrumentos de un estado de derecho que sea para todos.
Considera necesaria la formulación de la ley de responsabilidad empresarial que constituirá el marco normativo para fortalecer los pactos contra la corrupción que se suscriban en el contexto de la instauración de un modelo, que contribuya a enfrentar la corrupción desde el sector empresarial, garantizando la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de la economía y generación de empleos.
Finalmente la Misión recomienda "que siendo las interceptaciones telefónicas y de comunicaciones, una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la corrupción, deben ser los órganos persecutores del delito quienes puedan disponer de dicho instrumento de manera autónoma, para que de este modo sirvan como herramienta durante las investigaciones. Se precisa que esta medida constituye una restricción al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, por lo que deberá ser, como regla general, autorizada y supervisada por el órgano judicial competente".
