Reforma a Ley de Privación de Dominio da tratamiento especial a acusados de malversación: MACCIH

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de la OEA en Honduras (MACCIH), advertimos que, de aprobarse reformas a la Ley de Privación de Dominio se estaría estableciendo un tratamiento especial para los funcionarios o empleados públicos encausados por el delito de malversación por apropiación, situación que entraría en conflicto con el principio de igualdad que contempla la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras.

En su pronunciamiento sobre la iniciativa del diputado Dennis Castro Bobadilla, del Partido Alianza Patriótica, presentó el Proyecto de reformas a la Ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito y la Ley de lavados de activos, la MACCIH deja constancia de su preocupación por este proyecto e invita a la reflexión a todos los diputados del Congreso Nacional.

“Conviene recordar que los objetivos de política criminal que se tuvieron en cuenta al emitir la Ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, en el año 2010, diferencian al proceso penal, que está encaminado a determinar la responsabilidad individual por la comisión de un delito, del proceso de privación del dominio, que está dirigido a impedir que las organizaciones criminales puedan seguirse lucrando de los bienes ilícitamente obtenidos”, manifiesta el comunicado.

En lo referente la retroactividad de la reforma a la ley, la MACCIH afirma que no correspondería aplicarse a normas procedimentales, aunque Castro Bobadilla propone la derogación del artículo 80 de la Ley lo que beneficiaría a la criminalidad organizada, por cuanto se impediría la privación definitiva del dominio de sus bienes, en cualquier época, así hubieran sido adquiridos de forma ilícita.

Recuerda que Honduras asumió importantes compromisos con la suscripción de instrumentos internacionales de prevención y combate a la corrupción y la criminalidad organizada, entre ellos: la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional; la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción; y, la Convención Interamericana contra la corrupción, los que tienen mecanismos permanentes y periódicos de seguimiento.

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