Organizaciones sociales piden a diputados sesionar para que nuevo Código Penal no entre en vigencia
Organizaciones civiles de Honduras solicitaron mediante carta pública a los diputados al Congreso Nacional que detengan la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Dicho código fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto No.130-2017 contra la voluntad como pueblo y ahora está por entrar en vigencia el próximo 10 de mayo.
“Desde el primer día que el nuevo Código Penal fue expuesto a la luz pública en el CN, múltiples sectores del país exigimos que no fuera ratificado por parte de ustedes los Diputados. La gran mayoría de ustedes nos ignoró y las voces de los diputados conscientes fueron silenciadas”, manifiesta la misiva.
Las organizaciones exigen convocar al pleno de ese Congreso y sesionar presencialmente para detener la vigencia de ese nuevo Código como se les solicitó en las iniciativas ciudadanas ya presentada en tiempo y forma y de no hacerlo quedaran en la historia como encubridores de la corrupción en Honduras, como legisladores que favorecieron la reducción de penas a graves delitos y como los padres de un peligroso y vergonzoso manto de impunidad sobre Honduras.
“Ese código ha sido preparado y aprobado por diputados sin conocimientos en la materia, con dudosas votaciones, con cambios entre textos aprobados y publicados y en medio de sendas acusaciones por delitos a más de la mitad de los congresistas votantes. La aprobación de este código ha sido vergonzosa”, agrega.
Recuerdan que el Consejo Nacional Anticorrupción y varios sectores ciudadanos entregó 12,456 firmas recogidas a nivel nacional, con la petición, pero no ha tenido respuesta a pesar de que se confirmó que 9,000 firmas han sido validadas. La Ley indica que se requiere de 3,000 como mínimo para darle curso a estas iniciativas.
Las organizaciones afirman que en Honduras impera la impunidad por la falta de independencia en los poderes de la República de Honduras, las multiples violaciones a la Constitución sin castigo, un Ministerio Público y Fiscal General silenciados, coludidos con la ilegalidad por omisión y acción. Son cómplices el Tribunal Superior de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo un Congreso Nacional que legisla para evitar las investigaciones y castigo de los delitos de funcionarios públicos, obstruyendo la justicia y en plena pandemia COVID-19 continúan el mal manejo de los recursos gubernamentales, los desfalcos, estafas, hurtos y la desatención a sectores vulnerables a pesar de los millones presupuestados para atender la emergencia.
Añaden las “Acusaciones internacionales de que funcionarios públicos civiles, policiales y militares de Honduras -incluido el de Casa Presidencial- por sus nexos con el crimen organizado internacional, lavado de activos, tráfico de drogas y de armas de guerra”.
Advierten a los 256 diputados que reciben la Carta Pública, que de no detener el Código Penal de la impunidad y que al seguir legislando con y para la corrupción, están cometiendo delitos de lesa patria y humanidad. Estos delitos no prescriben nunca y pueden ser sujetos de denuncias ciudadanas en los medios correspondientes.
Les exigen que como diputados del Congreso Nacional de Honduras sesionen presencialmente y voten por la no vigencia del nuevo Código Penal de inmediato, o en su defecto, si el tiempo que resta no es suficiente, que se acceda a la ampliación de la Vacatio Legis y dar curso a las Iniciativas Ciudadanas presentadas por su no vigencia.
Entre otras organizaciones firman Alianza para El Cambio en Colegio de Abogados, Alianza por La Paz y la Justicia, Congreso Ciudadano De Honduras, Colegio Médico De Honduras, Consejo Nacional Anticorrupción, Estudiantes Universitarios Independientes, Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Médicos Indignados, Red de Pastores y Líderes Evangélicos de Honduras y Unidad Contra la Impunidad y la Corrupción.
