Ley de protección a periodistas y defensores de DD.HH pasa primer debate
El Congreso Nacional aprobó en su primer debate un proyecto de decreto enviado por el Poder Ejecutivo mediante el que se crea la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
El anteproyecto fue presentado desde el año pasado, pero a raíz del crimen del periodista Herlyn Espinal se retomó y fue aprobado en su primer debate en las dos últimas sesiones del Congreso.
La ley crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de los Derechos Humano y la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales.
El Consejo Nacional es un órgano de asesoría y deliberativo para garantizar los derechos consignados en la ley y en el proceso de implementación de las medidas de prevención, protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos o de la recta aplicación de la justicia, del ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información.
El Consejo estará integrado por un propietario y su suplente de las secretarías de Seguridad; Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Relaciones Exteriores; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Ministerio Público; Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Colegio de Abogados; Colegio de Periodista y cinco representantes de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil.
Sus atribuciones son conocer de las denuncias de riesgo que se promuevan ante la secretarías de Seguridad o de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación o en cualquier otra institución del Estado, así como promover o instruir el diseño e implementación de instructivos, políticas públicas y programas para garantizar y hacer efectivos los derechos consignados en la ley.
Igualmente analizar y debatir sobre el contexto nacional la situación de derechos humanos en el país, debiendo hacer las correspondientes recomendaciones; proponer la creación de nuevas medidas de prevención, protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia de la promoción y defensa de los derechos humanos, de la recta aplicación de la justicia y el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información.
En cuanto a la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales recibirá y tramitará las denuncias de riesgo que se promuevan directamente.
La Dirección General también deberá implementar los mecanismos de protección como las medidas preventivas; medidas de protección y medidas urgentes de protección, entre otras.
Cuando la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales determine que las personas se encuentran en situación de peligro grave e inminente, podrá recomendar a la Secretaría de Seguridad las medidas protección como la asignación de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces y otras, en inmuebles de trabajo o casas de habitación, asignación de chalecos antibalas, instalación de detector de metales, asignación de protección policial personal, asignación de protección policial de inmuebles y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.
En casos de peligro muy grave, podrá determinar una evacuación inmediata, reubicación temporal en el territorio nacional o fuera del país, reubicación definitiva en el territorio nacional o fuera del país, asignación de autos blindados para movimientos permanentes calificados o temporales, asignación de escoltas de cuerpos especializados para protección personal; asignación de protección policial de Inmuebles, en casos calificados, entre otras.
