Impunidad generalizada por abusos a DDHH dio lugar a elevado ìndice de violencia: AI
El "elevado índice de delitos violentos", junto a "un sistema de Justicia penal deficiente", dio lugar a "una impunidad generalizada por los abusos contra los Derechos Humanos" en Honduras, donde el año pasado se registraron además "grandes manifestaciones" contra la corrupción.
Así lo destaca hoy Amnistía Internacional en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, que dedica espacio también a los conflictos de tierras y los "ataques violentos y amenazas" sufridas en Honduras por las organizaciones campesinas locales en los últimos años.
"En un contexto general de delincuencia y violencia", los defensores de Derechos Humanos, periodistas, funcionarios de la administración de Justicia, el colectivo LGBTI, además de los dirigente indígenas, campesinos y afrodescendientes inmersos en conflictos de tierras, fueron objeto de "violencia e intimidación".
Esa violencia fue ejercida por agentes del Estado y delincuentes como represalia por su labor, lo que, unido a "la debilidad del sistema de justicia penal y la corrupción, contribuían a un clima de impunidad generalizada por dichos abusos".
Además, "la ineficacia del sistema de Justicia penal y las evidencias de corrupción y de violaciones de Derechos Humanos cometidas por agentes de Policía contribuían a la desconfianza hacia los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones judiciales".
Los defensores y "en particular, las defensoras de los Derechos Humanos" hicieron frente a amenazas y violencia, "abusos que raras veces se investigaban" y el Gobierno no aplicó las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agrega el texto.
Honduras fue además, en 2015, escenario de "algunas de las marchas más multitudinarias de la historia reciente" del país que protagonizaron los llamados "los indignados", que protestaron durante meses contra la corrupción, tras una serie de escándalos que involucraron al Gobierno y algunos partidos políticos.
"Los indignados" querían que se creara una comisión internacional para investigar la corrupción, pero el Ejecutivo lo rechazó y anunció una iniciativa con la Organización de los Estados Americanos para reforzar el sistema de Justicia y fortalecer la independencia judicial, actuación considerada insuficiente por los manifestantes.
El informe se refiere además a los "ataques violentos y las amenazas" sufridos en los últimos años por las organizaciones campesinas locales en la región del Bajo Aguán por "guardias de seguridad privada vinculados a poderosos terratenientes, y los abusos de soldados durante los desalojos relacionados con los prolongados conflictos de tierras".
Las organizaciones locales de la región cifran en 90 los campesinos asesinados entre 2008 y 2013 y, aunque hace dos años se creó una unidad especial de la Fiscalía para investigar los asesinatos, "se avanzó poco en los casos". (EFE).
