Gobierno de JOH obligado a aceptar las condiciones de Washington

A criterio del diputado Edgardo Castro, los norteamericanos pusieron en su lugar al presidente Juan Hernández y esta sería "una caída dibujada y programada para el mandatario".

El gobierno norteamericano habría obligado a la administración de Juan O. Hernández a agilizar la firma del convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para el establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El gobierno hondureño había pospuesto en dos ocaciones la firma del convenio y en la última ocasión (el jueves anterior) dijo que se posponía a solicitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que pidió que se firmará hasta después de electos los nuevos magistrados que se hará el 25 de enero próximo.
Sin embargo, hoy 72 horas después, cambia y la secretaria de Relaciones Exteriores emite un comunicado donde establece que este martes 19 de enero se hará la firma del convenio, aún cuando no estará conformada la nueva CSJ.
Para el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Castro "el presidente Juan Hernández en cuando repica dobla, pero ahora le doblaron las manos los norteamericanos, porque va la MACCIH con colmillos y garras, para la próxima semana".
A criterio del congresista de la oposición, los norteamericanos pusieron en su lugar al presidente y esta sería "una caída dibujada y programada para el mandatario".
La situación ya se veía venir, después de los múltiples y detallados requisitos que el Congreso de Estados Unidos impuso en calidad de condiciones para desembolsar los 750 millones de dólares para hacer efectiva la financiación del llamado plan de Alianza Para la Prosperidad (APP) en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Son doce requisitos en la Ley de asignaciones presupuestarias que condicionan el desembolso de la primera parte, el 50% de la ayuda autorizada, comenzando con crear y poner en funcionamiento una entidad autónoma y pública para supervisar el cumplimiento del plan APP y la debida utilización de la ayuda.
Asimismo exige combatir la corrupción, realizando efectiva investigación y persecución penal de los funcionarios públicos involucrados y hacer las reformas necesarias y aplicar las políticas indispensables para garantizar una verdadera transparencia en el manejo de los recursos, fortaleciendo para ello las instituciones del sistema judicial.
Agrega la condición de combatir de verdad las redes criminales del narcotráfico y el crimen organizado en general, e investigar y procesar penalmente en tribunales civiles a los militares y policías responsables por violaciones a los derechos humanos, asegurando la cooperación real de las Fuerzas Armadas y la Policía en las investigaciones.
Otra de las condiciones busca asegurar la participación y la debida consulta con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos municipales y cooperar con las Comisiones contra la impunidad y demás instituciones regionales de defensa de los derechos humanos.
Igualmente apoyar programas de reducción de la pobreza, creación de empleo y promoción del desarrollo económico equitativo en comunidades generadoras de migrantes, y crear fuerzas policiales civiles, profesionales y responsables a la vez que limitar el papel de los militares en actividades policiales.
Finalmente exigen respetar y proteger los derechos de los partidos políticos de la oposición, los periodistas, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil; profundizar las reformas fiscales y fortalecer las agencias y controles aduaneros, y resolver las disputas comerciales pendientes.
Adicionalmente, la Ley condicionó el desembolso del 25% de la ayuda a que los gobiernos incrementen la seguridad de sus fronteras y limiten los flujos migratorios hacia los Estados Unidos.
¿Estará el Gobierno hondureño actual en capacidad de cumplir con el conjunto de condiciones impuestas por los legisladores estadounidenses? Ojalá que sí, pero albergamos dudas razonables sobre esa capacidad y, en particular, sobre la decisión y voluntad política que se requieren", pregunta y se contesta el analista Victor Meza.
Añade que los diputados del Congreso Nacional deberán leer con detenimiento el listado de requisitos externos antes de proceder a elegir los nuevos magistrados de la CSJ.
"En todo caso, una cosa es cierta: la ayuda norteamericana no viene libremente, sin ataduras ni requisitos. Al contrario, viene debidamente condicionada, enmarcada en una nueva y más precisa visión sobre la seguridad regional, el desarrollo económico y, en general, las causas sociales que generan los crecientes flujos migratorios hacia el norte del continente", opina Meza.
"Es la hora de la transparencia, del respeto al Estado de derecho y de la lucha efectiva contra la corrupción y la delincuencia. Ha llegado el momento de rendir cuentas… y que sean claras", concluye el analista.