Aprobación de ZEDEs la más grave violación al estado de derecho: UNAH
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) califica la aprobación de las Zonas Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) como la “más grave violación al Estado de Derecho que se ha registrado en la historia del país”, y expresa su preocupación de que ese “desorden" esté siendo promovido desde el mismo Estado, en abierta desobediencia a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución de la República.
La posición de la Máxima Casa de Estudios se dio a conocer en un comunicado donde cumpliendo con su mandato constitucional de contribuir al estudios de los problemas nacionales y en atención a su deber de participar en la trasformación de la sociedad hondureña, manifesta su profunda preocupación por las decisiones que se ha tomado en las últimas semanas, con el pretendido afán de generar empleos.
En tal sentido la Rectoría, en conjunto con un equipo de calificados profesores e investigadores, manifestó que la formación del Estado Liberal, las élites hondureñas han promovido la inversión extranjera como medio para facilitar el crecimiento económico y la integración del país al mundo. Se hizo con la aprobación de la “Ley de Concesiones” de 1917 y las reformas a la Ley de Migración de 1929, entre otras, cuyas acciones a la larga desembocaron en funestos enclaves que son un claro ejemplo de la débil, inadecuada e ineficaz gestión que la clase política hondureña ha llevado a cabo a lo largo de la historia. Todo ello ha profundizado los desequilibrios sociales e impedido las adecuadas garantías que el Estado debe ofrecer para la seguridad pública, la justicia y el proceso de desarrollo.
La UNAH remarca que estas prácticas que entregan la soberanía nacional se han exacerbado en la últimas décadas con la concesión para la explotación minera y forestal, así como la privatización desordenada e inconsulta de las formas de administrar la electricidad, el agua potable, la telefonía, el Internet y otros servicios a grupos de inversionistas cuyo único mérito es su cercanía con la clase política de cada momento, generando conflictividad y violencia en los territorios.
Estas prácticas, según la Alma Máter, lejos de mejorar la calidad de los servicios, la competencia o el acceso a mercados de los sectores productivos han generado graves perjuicios a la competitividad del país. La ausencia de una regulación adecuada, la opacidad de las intervenciones públicas y la falta de mecanismos transparentes e inclusivos han debilitado el Estado, incentivando la corrupción e impunidad, el despilfarro y desequilibrio fiscal, lo que desestimula la inversión nacional y extranjera, con efectos negativos en el mercado laboral y la pobreza de las familias.
Enfatiza que este debilitamiento del Estado no promueve la consolidación de las identidades culturales, ni refuerza una imagen clara del país ante la conciencia de la ciudadanía ; por el contrario, favorece a la conflictividad y la violencia, tanto en las zonas urbano-marginales como en el campo, de tal modo que se cuentan por cientos de miles las personas que han tenido que migrar dentro y fuera del territorio para salvar sus vidas con los consabidos efectos perniciosos que la división familiar tiene en la irrupción de pandillas.
La UNAH recuerda en su comunicado que la aprobación de las llamadas ZEDE, como adición al evidente deterioro institucional que el país enfrenta, lejos de cohesionar a la sociedad la dividen y debilitan, generando incertidumbre y mayor inseguridad jurídica, factores que perjudican en lugar de incentivar la inversión local e internacional, lo que se hace evidente con solo observar los datos oficiales.
No obstante, lo más preocupante para la Máxima Casa de Estudios es que este desorden está siendo promovido desde el mismo Estado, en abierta desobediencia a lo Establecido en el artículo 13 de la Constitución de la República. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, remarcó que las ZEDE constituyen la más grave violación al Estado de Derecho que se ha registrado en la historia del país.
Por lo anterior, señala que su creación entraña la calculación a varios preceptos constitucionales, a tratados internacionales suscritos por el Estado, particularmente el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al desconocer el derecho de los pueblos originarios asentados en dichas zonas, a los territorios y recursos naturales y a la consulta libre, previa e informada, así como un conjunto de otras leyes, impactando de manera negativa sobre los indicadores del Estado de derecho.
