Organizaciones exigen a departamento del Tesoro de EEUU cancelar financiamiento a proyecto Jilamito

Más de 60 organizaciones nacionales e internacionales, mediante un comunicado exigen al Departamento del Tesoro de Estados Unidos la cancelación del financiamiento internacional para el proyecto hidroeléctrico Jilamito, ubicado en Atlántida por graves violaciones a los derechos humanos.

En diciembre de 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un préstamo de $20,25 millones de dólares para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito en Honduras. Además, la U.S. Development Finance Corporation (DFC) ha indicado que se sumará al financiamiento de dicho proyecto, a pesar que las comunidades organizadas desde el año 2015 han declarado el municipio de Arizona, Atlántida, como territorio libre de Minerías, Hidroeléctricas y Proyectos Extractivos.

Cabe resaltar que la aprobación del Proyecto Hidroeléctrico Jilamito, se da en el marco del período post golpe de Estado en 2009. En este período es aprobada la Licitación Pública Internacional “Compra de potencia y su energía asociada generada con recursos renovables” a través de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para obtener 250 Megavatios.

La aprobación de contratos se otorgaron a través de las sesiones de Junta Directiva para que el gerente general de la ENEE suscribiese los contratos de suministro de energía eléctrica adjudicados mediante resoluciones en 2010, entre ellas se encuentra el proyecto Jilamito, propiedad de la empresa Inversiones de Generación Eléctrica S.A. DE C.V.

Las organizaciones piden a la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que utilice “la voz de los Estados Unidos dentro de BID Invest y su rol como miembro de la junta directiva de la DFC para suspender el financiamiento propuesto para el Proyecto Hidroeléctrico Jilamito”.

Igualmente solicitan que se asegure que no se realicen desembolsos y que el financiamiento sea definitivamente cancelado.

Consideran que es necesario mejorar las salvaguardias actuales y los mecanismos de aplicación de las salvaguardias para prevenir este tipo de situaciones en el futuro.

“Actúe para asegurarse de que Estados Unidos no sea cómplice en la financiación de proyectos que socavan el estado de derecho y los derechos humanos”, solicitan en el comunicado las 60 organizaciones.

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