Requerimiento contra ex presidente de la CSJ por 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios
y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), interpuso hoy ante el Juzgado en Materia de Corrupción un Requerimiento Fiscal en contra del pleno del extinto Consejo de la Judicatura, entre ellos su presidente, a su vez expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
Es una acusación criminal por más de 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, específicamente en lo que corresponde a la solicitud,
tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado alrededor 13.5 millones de lempiras.
Al expresidente del Consejo de la Judicatura y a la vez expresidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de Abuso de Autoridad y 60 de Malversación de Caudales Públicos, mientras que al
exvicepresidente del Consejo, Teodoro Bonilla Euceda se le acusa de 88 delitos de Malversación de Caudales Públicos y 14 de Abuso de Autoridad.
En el caso de Bonilla Euceda ya tiene arresto domiciliario por irregularidades cometidos al frente de Consejo de la Judicatura.
El requerimiento fiscal es también contra de Julio César Barahona Henriquez se le presume responsable de 67 delitos de
Malversación de Caudales Públicos, en tanto que al concejal José Francisco Quiroz se le imputan 93 delitos de Malversación de Caudales Públicos.
Se incluye además a Liliam Emelina Maldonado Sierra a quien se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de Malversación de Caudales Públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de Malversación de Caudales Públicos y 3 delitos de Uso de Documentos Privados Falsos.
De acuerdo a las investigaciones de los Fiscales de la Enjuiciamiento los acusados tramitaban viáticos para acudir a supuestas giras de trabajo tanto al interior del país como al extranjero, deterrninándose que en 576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos.
Es tan desmedida la autorización de viáticos que pese a que el año solo tiene 52 semanas, los exconsejales calendarizaron en el año 2015 presuntas giras de trabajo durante unas 46 semanas, incluyendo en días feriados, periodos de vacaciones y en días inhábiles como fines de semana.
La investigación comenzó a partir de un informe general elaborado por la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones del Poder Judicial, lo que sirvio para orientar una serie de diligencias en las cuales se profundizó durante dos años, logrando recolectar prueba técnica-cientifica, capaz de acreditar la plena participación de los hay imputados en los conductas que se les atribuyen.
El Ministerio Público pide que se cite a los involucrado.
