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Amenazan con desalojo a pobladores que se oponen a minera contaminante


La Coordinadora de organizaciones populares del aguan (COPA) denunció que esta en marcha un plan para violentar los derechos fundamentales de las comunidades, ciudadanos desde el Estado de Honduras contra quienes están  en campamento en defensa del derecho fundamental al agua en Tocoa, Colón.

COPA afirma que las comunidades en el campamento de Guapinol en defensa del agua y la vida han estado de manera pacífica en defensa de los ríos Guapinol y río San Pedro y así como las fuentes de agua para consumo humano, pero está en marcha un plan para desalojar y violar el derecho de los ciudadanos del municipio de Tocoa sin dar una respuesta a la demanda legítima que desde el 1 de Agosto se encontra en campamento sin ser atendidos de manera responsable ante la problemática.

Las familias han estado recibiendo agua totalmente sucia producto de los daños de la empresa minera Inversiones los Pinares y que ahora se está subsanando esa situación grave a 59 días de campamento pacífico en defensa del agua y la vida, pero se ve amenazada nuevamente cuando las instancias estatales garantes de la protección de la ciudadanía se han puesto del lado de la empresa minera Inversiones los Pinares y dejando indefensos a las comunidades para que se cometan crímenes ambientales y de personas defensoras de los derechos humanos y Ambientales.

Denuncia que las instituciones del Estado se prestan para confabularse con las empresas mineras aunque estas estén destruyendo ambientalmente los municipios poniendo en riesgo el bienestar y los derechos de las comunidades, aunque se demuestre que han cometido delitos ambientales, aunque se demuestre que hubo actos de manipulación y supuestos actos de corrupción en los procesos para otorgar las concesiones, aunque se demuestre que esas concesiones fueron solicitadas en 2008 y que posteriormente fueron investigadas e incautadas supuestamente continúan con otros dueños sin tomar en cuenta las comunidades.

COPA llamas la comunidad internacional para estar pendiente con lo que puedan hacer, ya que se ha dado una campaña de criminalización, desprestigio y difamación contra organizaciones, líderes y liderezas en la defensa de los derechos humanos y bienes comunes y que van con el objetivo de capturar personas que luchan pacíficamente por sus derechos y las comunidades, dejando en impunidad todo acto cometido por la empresa minera Inversiones los Pinares y el grupo armado de choque contratado para confrontar y asesinar líderes y liderezas de las comunidades.

La organización exige detener dicho desalojo ilegitimo y plan en marcha para capturar personas, criminalizar y quitar el campamento Guapinol, que está en legítimo derecho a la defensa de los ríos, cuencas y microcuencas, así como la flora y la fauna en el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos por el equilibrio y bienestar de la región, ya que el municipio de Tocoa es altamente vulnerables y pondríamos en riesgo los más de 90,000 habitantes , cultivos y viviendas que pueden ser destruidos ante desastres de fenómenos naturales.

Igualmente exige la cancelación de las concesiones y licencias ambientales, ya que ponen en riesgo el derecho fundamental al agua y la vida, se han cometido delitos ambientales y están en zona núcleo del parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos, donde no se permite la explotación de minería y ninguna actividad económica ya que es el patrimonio nacional y pulmón de la región y del país garantizando las fuentes de agua para consumo humano de la región y protección de todos y todas.

El Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos y hasta ahora bien se ha inclinado con la empresa minera Inversiones los Pinares y pretende violentar las comunidades negándose a dar respuesta a las peticiones de las comunidades y sectores del municipio de Tocoa en primera instancia el alcalde Adán Funes Martínez en realizar un Cabildo abierto municipal con la convocatoria de participación de todos ciudadanos y ciudadanas, las autoridades de Mi Ambiente, han negado la información y documentación íntegra de los expedientes.

COPA recuerda que es co peticionarios de Medidas Cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) y en el campamento se encuentran beneficiarios de las MC 5014 líderes defensores de derechos humanos de nuestra organización, de organizaciones campesinas y exigimos su protección y garantías y por tanto de los beneficiarios y de las comunidades, las fuentes de agua y el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía.

Exigen que se respete el campamento y las personas beneficiadas que allí se encuentran por estar en su legítimo derecho. Un desalojo solo pone en riesgo la vida de los beneficiarios por lo tanto responsabilizan al mecanismo de protección y al gobierno de Juan Orlando Hernández ante la CIDH por lo que puedan hacer en ése momento ó posterior los empleados de la minera los Pinares y activistas del alcalde Adán Funes Martínez que son quienes han criminalizado y se han armado contra quienes defendemos nuestros derechos legítimos contenidos en las leyes nacionales e internacionales así como en el hecho mismo de la existencia de nuestra vida y la comunidad por miles de años en esos territorios.

Finalmente el comunicado manifiesta que se pretende imponer la ilegalidad y negación de Justicia

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