Libertad de ex primera dama consolida Pacto de Impunidad

La Coalición Anticorrupción cuestionó la decisión tomada por el Tribunal de Sentencias para dejar en libertad a la ex primera dama de la nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, lo que muestra cómo el sistema de justicia opera selectivamente, dando respuesta expedita a quienes ostentan relación con los círculos de poder y asegurando sus beneficios.

La libertad de la ex primera dama se da en el marco de la desintegración del marco legal e institucional anticorrupción y ahora van tras el objetivo de sentar la impunidad de los casos emblemáticos, manifiesta en un comunicado la Coalición que conforman unas 20 organizaciones de sociedad civil.

La Caja Chica de la Dama, recuerda, fue el primer caso UFECIC/MACCIH, para el cual se logró una sentencia condenatoria por 58 años de prisión, contra la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo y su secretario privado, por los delitos de apropiación indebida y fraude, un caso sin precedentes en la historia de Honduras.

Sin embargo, con la libertad de Bonilla de Lobo se consolida el pacto de impunidad en el país, que comenzó con el desmantelamiento de la MACCIH, el debilitamiento de la UFERCO, y un CNA sin facultades para presentar ante el Poder Judicial requerimientos fiscales, pese a tener investigaciones completas para poder ser judicializadas.

Este pacto, cobro fuerza al desarticular a la UFECIC; a la que no solo le cambiaron el nombre, sino que sistemáticamente, han estado desestimulando el trabajo de sus operadores, restando sus atribuciones, quitándoles recursos y protección, bajándoles de categoría y disminuyendo sus salarios.

“El tercer paso fue asegurar la entrada en vigor del nuevo Código Penal, una carta de salvación para las élites políticas económicas corruptas que aún con una condena, evitarán una pena ejemplificante o incluso podrán salir en libertad”, agrega el comunicado.

Por todo ello, la Coalición Anticorrupción demanda a la institucionalidad del Estado que se proceda a la publicación del Decreto Legislativo alusivo a la abrogación del nuevo Código Penal, para que sean eliminados los beneficios que presenta esta herramienta jurídica para las personas vinculadas en actos de corrupción.

Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Especial del Fondo Departamental, que violenta la Constitución de la República, al obstaculizar las atribuciones del Ministerio Público para investigar funcionarios del Estado.

Le Coalición también reclama que el Ministerio Público, adopte las medidas necesarias para garantizar que UFERCO cuente con los recursos para continuar con la investigación de las redes de corrupción, incluyendo los procesos de los casos de alto impacto.

Al Congreso Nacional de la República que otorgue al Consejo Nacional Anticorrupción, mediante las reformas legales pertinentes, las facultades necesarias para la presentación de requerimientos fiscales y la comparecencia legitima ante los tribunales de justicia, como parte, en los procesos contra las redes de corrupción.

Sobre el caso de la ex primera dama de la nación, la Coalición exige que el juicio se realice con el respeto del debido proceso, garantizando el cumplimiento de los principios y preceptos penales, así como el actuar responsable, objetivo e independiente de los funcionarios operadores de justicia, donde el latrocinio y los actos que van en detrimento de las finanzas del Estado de Honduras, no queden en impunidad una vez más.

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