Organizaciones llaman a denunciar saqueo de los recursos de la emergencia
Organizaciones de sociedad civil de Honduras llamaron a la población a unirse en un único clamor: “denunciar el descarado desvío de recursos de la emergencia para fortalecer a los militares y sus estructuras, tiñendo la corrupción de cachureca y de verde olivo”.
Agregan que ante el peligro creciente de la pandemia, la amenaza del hambre por la negación de alimentos, y ante la epidemia depredadora y saqueadora de la dictadura, expresión del colapsado extremismo neoliberal, una vez más exigen que los recursos de la emergencia se destinen prioritariamente a equipar los centros hospitalarios y a todo el personal de salud para dar una atención segura y digna a los pacientes.
“Ratificarnos la exigencia porque la emergencia sea conducida por el Colegio Médico de Honduras, y por personas e instancias con competencia profesional, experiencia y responsabilidad ética”, refiere el comunicado.
Igualmente las organizaciones advierten que “la podredumbre se disimula con la separación de corruptos intermedios, mientras el oscuro telón de impunidad protege a los conductores de saqueos, que manejan a antojo la emergencia, bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, conductor de la narcodictadura militar cachureca, y con una oposición política que al guardar silencio, se convierte en legitimadora”.
Asimismo demandan un sistema de veeduría y rendición de cuentas independiente a la estructura oficial, y repudian al FONAC, porque no les representa como sociedad civil organizada, y porque juega la miserable función de limpia rostros de los más altos saqueadores de los bienes comunesy públicos.
Advierten que los saqueos de los recursos de la emergencia, se realizan en el contexto del pacto de impunidad, que “entre otras maniobras conlleva aprobar el Nuevo Código Penal, sacar de la cárcel a asesinos de Bertha Cáceres y violadores de derechos humanos y ambientales, limpiar el sucio perfil del Tribunal Superior de Cuentas, saquear los fondos del RAP y del INJUPEM, e impulsar un plan agroexportador a gran escala de expropiación de tierras de pueblos originarios y campesinos”.
El comunicado es firmado por decenas de organizaciones indígenas y garífunas, campesinas, juveniles y estudiantiles, feministas, ambientalistas, territoriales, de derechos humanos, de personas discapacitadas, magisteriales, sindicales, sociales, profesionales, políticas y populares.
