Estado hondureño incumple mandato de la Corte IDH en caso Carlos Escaleras
A 22 años del asesinato del defensor de derechos humanos Carlos Escaleras Mejía, las organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigen que el Estado hondureño tome las medidas necesarias para cumplir con las medidas de reparación mandatadas por la Corte en 2018.
Escaleras fue asesinado el 18 de octubre de 1997 como represalia a su labor de defensa de los derechos humanos y el ambiente en Honduras. Más de dos décadas después de los hechos, solo una persona ha sido condenada como autor material del crimen y, pese a que varias personas han sido señaladas como autores intelectuales del homicidio, la investigación se encuentra detenida.
Ante la impunidad del caso, en septiembre de 2018, la Corte IDH emitió sentencia homologando el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado entre el Estado y la representación del ambientalista, en la que se reconoció a Honduras como responsable por la violación al derecho a la vida, al derecho de asociación y a los derechos políticos de Carlos Escaleras, así como por la violación de los derechos de acceso a la justicia y a la integridad personal de sus familiares.
“En la sentencia emitida, la Corte Interamericana reconoció el contexto de violencia que, aún al día de hoy, enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular los graves riesgos que viven quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio ante la instalación de proyectos extractivos. Sin embargo, no vemos ningún avance por parte del Estado para cumplir con lo ordenado por el tribunal y garantizar las condiciones necesarias para que las personas defensoras puedan ejercer su labor de manera segura”, expresó Dunia Pérez, representante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ).
Además de avanzar con la investigación, juzgamiento y sanción de todas las personas responsables por el asesinato, la Corte ordenó al Estado de Honduras “aprobar e implementar un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos”, entre otras medidas pendientes de cumplimiento.
Al respecto, Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Centroamérica y México sostuvo que “la aprobación e implementación efectiva de este protocolo resulta urgente en Honduras, donde los casos de las defensoras Jeanette Kawas y Carlos Luna, también juzgados por la Corte IDH, permanecen impunes. Este instrumento es fundamental para avanzar hacia el acceso a la justicia para las víctimas y evitar que hechos de esta naturaleza se repitan”.
En 2017, Honduras fue reconocido por Global Witness como el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente. Al día de hoy, se mantiene entre los más peligrosos de la región para las personas defensoras de la tierra y el territorio, de acuerdo con la misma organización.
Durante el 2019 se ha registrado el asesinato de Milgen Soto, Salomón Matute y Juan Samuel Matute, indígenas de la tribu San Francisco Locomapa que ejercían una labor de defensa frente a la tala masiva de árboles ejercida por empresas extractivas que amenazan el acceso al agua en su territorio. A estos crímenes se suma el asesinato de Mirna Suazo, defensora garífuna de la comunidad de Masca, en septiembre.
