Accion Ciudadana contra la Dictadura denuncia violaciones a defensores de DDHH

La organización Accion Ciudadana Contra la Dictadura (ACCD), denunció que hay persecución contra los ambientalistas que están siendo
judicializados, criminalizados y retenidos por defender el medioambiente y el agua en 14 comunidades en sector Abisinia y 14 en sector San Pedro, más Cayo Sierra, Zamora, Guapinol, Asentamientos campesinos La Concepción y La Lempira, Ceibita, Cayo Campo y la ciudad de Tocoa, en Tocoa, Colón.

En un comunicado difundido hoy la organización rechaza la "violación de los derechos humanos por parte del régimen dictatorial encabezado por JUAN HERNÁNDEZ de los compatriotas que, basados en su legítimo derecho a la defensa del medio ambiente y a fundamentos y leyes nacionales e internacionales, entre éstos el artículo 145 de la Constitución de la Republica, la Ley General del Ambiente decreto #104-93, reforma 194-2002 artículo 7, la Ley General de Aguas, decreto #181-2009 en su artículo 3, inciso 1 y 2, el decreto legislativo #93-2016 y la resolución 64/292 de las Naciones Unidas, se han opuesto al ecocidio de su hogar y medio de subsistencia por parte de la Minera INVERSIONES LOS PINARES".

Igualmente condena enérgicamente el "proceder cómplice del alcalde de Tocoa, ADÁN FÚNEZ quien, incumpliendo sus responsabilidades y atribuciones, ha facilitado el accionar de la Minera LOS PINARES, aún en clara violación a disposiciones legales y jurídicas".

Denuncian la arbitrariedad e ilegalidad con que el Poder Judicial ha actuado contra 18 defensores, 13 de ellos con casos judicializados, en el caso de Guapinol, como la asignación de un juez no competente en audiencia celebrada en el tribunal de La Ceiba, Atlántida; traslado de los detenidos a Tegucigalpa, a 400 kilometros de distancia del domicilio de los imputados; la no notificación a su cuerpo legal de una acusación de usurpación, daños y perjuicios, incendio, robo agravado y asociación ilícita; y un proceso de detención irregular, acciones que incumplen el derecho constitucional al debido proceso, evidenciando una vez más un sistema de justicia cooptado por la dictadura, en defensa y al servicio de los intereses de empresas extractivas.

Censuran, asimismo, de manera categórica "el proceder ilegal y gansteril del poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, al haber aprobado el primero, a través de la Secretaría de Ambiente e ICF, la concesión minera mediante resolución de IHGEOMIN #08/01/2014, 735-D13, y los posteriores
permisos de explotación y explotación, y el segundo al haber reducido la zona núcleo, para crear las condiciones de instalación de la empresa minera, mediante el decreto #127-2012 y el decreto #252-2013, modificando las medidas internas del parque".

Responsabilizan a quienes hoy "detentan el poder de manera ilegítima, de los daños físicos, emocionales, psicológicos, y de cualquier tipo que puedan sufrir estos defensores del medio ambiente", y llama a las organizaciones nacionales e internacionales defensores de derechos humanos que realicen las gestiones pertinentes para garantizar su vida.

Finalmente se solidarizan con los 17 compatriotas detenidos y criminalizados ilegalmente, y afirman que no cesarán hasta lograr su liberación y ver respetados y garantizados sus derechos humanos.

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