Misión internacional llega a Honduras para observar juicio de imputados en crimen de Berta Cáceres
Quince organizaciones internacionales y nacionales, expertos en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional formaron una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres.
Esto, para garantizar que el juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca, y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna.
El juicio inicia en este lunes 17 de septiembre y se espera concluya el 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.
“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos,” señalaron representantes de las organizaciones que conforman el grupo.
Durante la misión de observación, los miembros se reunirán con funcionarios judiciales; fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.
"En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales", agregaron.
En este sentido, las organizaciones que forman la Misión de Observación llamó a las autoridades judiciales a que permitan un correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Honduras. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional.
Estas valoraciones se hicieron llegar al presidente de la Corte Suprema de Honduras, Rolando Argueta, anunciando la conformación de dicha misión.
A raíz de su lucha y su labor de defensa, Cáceres fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares desde el año 2009.
Cáceres Flores era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en su casa en La Esperanza, Intibucá en el occidente de Honduras.
Además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas, y el campesinado, así como los derechos de las mujeres.
Por esa destacada labor social, en el año 2015 Cáceres recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente.
