Denuncian persecución política contra hondureño refugiado en Costa Rica
El estudiante hondureño Eduardo Urbina Ayala preso en Costa Rica, está siendo requerido por el Gobierno de Honduras a enfrentar cargos por un delito de terrorismo, el que según organizaciones de derechos humanos, no pudo haber cometido.
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu), CAP, CEJIL, Organizaciones estudiantiles y el Colectivo de Solidaridad con Honduras, confirmaron que Urbina Ayala ha sido pedido en extradición a Costa Rica.
Abogados, defensores de derechos humanos y estudiantes lograron visitar y entrevistar este jueves al dirigente estudiantil en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular (CATECI) en Hatillo.
Urbina informó que la atención de este Centro y de la Policía Nacional desde su llegada a Costa Rica ha sido cálida, incluyendo una adecuada alimentación y la cobertura de sus necesidades básicas. De esta manera el permanece relativamente tranquilo y con buena salud, a la espera de la resolución final del proceso de solicitud de refugio que presentó a Costa Rica, en su entrada por la Frontera de Peñas Blancas.
Diferentes instancias y personas influyentes y responsables del proceso de refugio de Urbina, han comprendido la vulnerabilidad en que se encuentra Eduardo y están analizando la situación de persecución política impuesta por el Gobierno hondureño.
El joven ingresó a Costa Rica de forma legal con visa migratoria, como turista, el 11 de Diciembre del 2017. Desde ese momento, Organizaciones de Derechos Humanos de Honduras informaron que Eduardo Urbina ha vivido un proceso de persecución y acusaciones del Gobierno desde hace varios meses.
Organizaciones de derechos humanos califican de falsas las acusaciones del Gobierno de Honduras, con las cuales intentan justificar la solicitud de extradición, dado que se le atribuye la responsabilidad de un camión militar que fue quemada dentro del contexto en la lucha del pueblo por el fraude electoral. Este suceso se dio el 15 de diciembre de 2017, cuando Urbina tenía 4 días de haber ingresado a suelo costarricense.
Consideran que el Gobierno de Costa Rica debe brindar la protección y el estatus de refugio, como ha sido la tradición en nuestro país históricamente.
Agregan que es tarea prioritaria acompañar a Urbina en este momento poco agradable por su detención e hicieron un llamado para que la campaña nacional e internacional de apoyo se intensifique en esta etapa en la que se requiere una decisión clara y firme de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio y del Gobierno de Costa Rica.
Asimismo piden estar atentos a la convocatoria a una movilización para los primeros días de la próxima semana, solicitando respeto al derecho a la vida del estudiante.
