Congreso Nacional criminaliza la protesta con prisión de 15 a 20 años de cárcel
El Congreso Nacional de Honduras, aprobó el artículo 590 del nuevo Código Penal, que según la oposición en ese poder del Estado, pretende criminalizar la protesta social.
Entre las disposiciones de esta nueva ley que coarta el derecho a la protesta, está castigar con 15 o 20 años de prisión a quienes sean calificados como “asociación terrorista”.
El Artículo establece que “Asociación terrorista. Son asociaciones terroristas las constituidas sea de modo permanente o transitorio por dos o más personas para cometer algún delito con alguna de las finalidades”
Entre esas finalidades señala subvertir gravemente el orden constitucional o provocar un estado de terror en la población o parte de ella.
Agrega que “tienen también la consideración de asociaciones terroristas las que aún teniendo como objeto constitutivo uno lícito, realicen en todo o en parte las conductas a las que se refiere el párrafo anterior”.
El delito se considera cometido con independencia de que la asociación haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras.
Asimismo indica que “los directivos, promotores y financistas de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de 15 a 20 años y multa de mil a dos mil salarios días. Los simples integrantes de la asociación terrorista deben ser castigados con las penas de prisión de 10 a 15 años y multa de 500 a mil salarios días”.
Explica que por financistas se entiende a los que de cualquier modo contribuyen o ayudan a contribuir, por sí o persona interpuesta a la financiación de las asociaciones terroristas.
Estas penas se deben interponer con independencia de las que correspondan por los concretos actos delictivos realizados por los integrantes de la asociación terrorista llevados a cabo con las finalidades mencionadas en el párrafo primero del artículo.
La disposición legal ya provocó la reacción de diversos sectores que consideran que se trata de coartar el Derecho a la protesta, garantizada en la Constitución de la República.
“Se pretenden callar al pueblo, que no proteste y este sumiso”, manifiestó el presidente de la Federación Si ducal de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh), Dolores Valenzuela.
