Articulo 335-b debió derogarse desde que se calificó como amenaza a libertad de prensa

El ex diputado Olban Valladares manifestó su preocupación debido a que el Poder Ejecutivo y Legislativo se comprometieron con el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Asociaciones de prensa y medios de comunicación a revertir esa reforma.

A juicio del ex diputado y analista político, Olban Valladares el artículo 335-b del Codigo Penal debió haber sido derogado por parte del Congreso Nacional (CN), desde el momento que se calificó como una amenaza a la libertad de prensa.

Valladares manifestó su preocupación debido a que el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo se comprometieron con el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Asociaciones de prensa y medios de comunicación a revertir esa reforma, pero después de siete meses de aprobado (febrero) no se ha derogado.

El analista es del criterio que la acción no pasa por realizar una enmienda sino que se trata de revocar el artículo de manera definitiva, porque la forma de ser aprobado fue anormal, “Me extraña que se le de tanta larga al asunto”.

Apuntó que “el presidente Juan Orlando Hernández debería de ser el más interesado, ya que es el hombre que controla los hilos en el Congreso Nacional, y es importante para él mejorar su relación con los medios de prensa”.

Finalmente sobre la opinión debe emitir el Poder Judicial en el tema del artículo 335-b, Valladares manifestó que ese poder del Estado tiene que pronunciarse conforme al Estado de derecho y observando las indicaciones de los organismo internacionales encargados de velar por la libre expresión.

Por su parte, el CPH anunció un plantón para este miércoles frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir la derogación del polémico articulo. Igualmente los periodistas de San Pedro Sula se manifestaran frente a los tribunales locales, adelantó la presidenta del capitulo del CPH, Lizeth García.

El artículo 335-B dice que “quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o, incitare a otros u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, debe ser sancionado con pena de cuatro (4) años de prisión”.

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