Desalojan a pobladores que se oponen a hidroeléctrica

Un grupo de pobladores que mantenían un campamento en Pajuiles, para evitar la instalación de la Central Hidroeléctrica Los Planes de la empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso, S.A. de C.V. (HIDROCEP) fueron desalojados este jueves por la Policía Nacional a instancias de una orden judicial y requerimientos fiscales varios, en donde resultaron detenidas por lo menos cuatro personas.

Igualmente se conoció qué hay un número indeterminado de requerimientos fiscales contra otros miembros de las comunidades que protestan contra la hidroeléctrica.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras lamento la profundización del conflicto.

La Oficina ha venido dando seguimiento al conflicto y visitó la zona en mayo pasado para observar y verificar una denuncia por presuntos daños ambientales y violación al derecho al agua, así como la supuesta ausencia e inacción de las instituciones a las que habían acudido para la solución del conflicto. En dicha visita, la Oficina se entrevistó con los pobladores de las comunidades del sector de Pajuiles; el titular de la empresa HIDROCEP, Jason Hawit; el Alcalde de Tela, Mario Fuentes; el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); la Fiscal Regional en el Litoral Atlántico, Marlen Martínez; autoridades de FUSINA y de la Policía Nacional.

La Oficina también participó en una reunión convocada por la Fiscalía en las Oficinas de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi-Ambiente), en donde se acordó una visita el viernes 02 de junio de 2017 para comprobar los daños ambientales, así como el cumplimiento de la licencia ambiental otorgada a HIDROCEP. En esta ocasión, participó Mi-Ambiente, la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, el Instituto de Conservación Forestal, la Procuraduría General de la República, así como representantes de las comunidades y de HIDROCEP, en donde OACNUDH Honduras participó como observador.

La OACNUDH lamentó que el problema persista y que las comunidades hayan tenido que llegar a este nivel de confrontación, en donde inclusive han resultado personas agredidas, incluyendo Martín Fernández, defensor de derechos humanos y Coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), además de Oscar Martínez, también miembro del MADJ.

“Lamentamos la demora en la resolución de la cuestión de fondo y de las diversas denuncias que se han presentado por parte de todas las comunidades. Vale la pena recordar que el origen de este conflicto está en el otorgamiento de la licencia a HIDROCEP y la estimación del impacto que sus actividades hubieran podido tener sobre los derechos de las comunidades”, afirma el comunicado de la OACNUDH.

Por lo cual, consideran que el desalojo es una medida que no resuelve la situación de fondo, ya que no responde a los interrogantes de las comunidades ni conlleva a la aclaración de los hechos.

La Oficina condena tanto la violencia como las agresiones entre las comunidades que se han venido suscitando a lo largo del conflicto y que tuvieron una grave expresión el pasado viernes y esperan una investigación oportuna de estos sucesos, exhaustiva e imparcial de todos los hechos vinculados a esta concesión, así como la atención de todas las denuncias recibidas.

Insta a la autoridades locales y nacionales a promover y facilitar la comunicación y el diálogo entre las partes de manera urgente para prevenir más enfrentamientos. “Es necesario trazar una hoja de ruta que permita una salida consensuada, con la participación de las comunidades y actores relevantes, en el marco de investigaciones exhaustivas que establezcan las responsabilidades pertinentes, los requerimientos de la ley y del respeto a los derechos humanos”, afirma.

Finalmente OACNUDH aprovecha para enfatizar la importancia de asegurar que los proyectos de desarrollo económico se den en el marco de concesiones otorgadas legalmente, en cumplimiento con la legislación nacional y los estándares internacionales de los que el Estado de Honduras es signatario, cómo la consulta con las poblaciones afectadas.

Derechos Humanos, Nacionales
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