OEA pide a gobiernos garantizar derechos de pueblos indigenas
Los pueblos indígenas tienen formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual. El derecho a su propiedad territorial, se relaciona directamente con los derechos a la existencia en condiciones dignas, entre ellos, a la alimentación, al agua, a la salud, a la vida, a la dignidad, a la integridad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a los derechos de la familia, a la libertad de movimiento y residencia y a vivir libres de toda forma de violencia.
La jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos destaca que la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica, sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas, se relacionan con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. De este principio se deriva la obligación inmediata de los Estados de consultar a los pueblos indígenas y de garantizar su participación en todas las decisiones relativas a cualquier intervención que pueda afectar sus territorios, las actividades de exploración y extracción de recursos naturales, y la ejecución de proyectos.
La CIDH asimismo reitera la obligación de los Estados de no discriminar y de perseguir el principio de igualdad en sus esfuerzos para respetar y garantizar todos los derechos de los pueblos indígenas. Ello acarrea el deber para los Estados de considerar las formas de exclusión y los prejuicios que han afectado históricamente a los pueblos indígenas, y de adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación en la práctica. La CIDH observa con gran preocupación las formas de discriminación, violencia y exclusión que las mujeres de las Américas vienen enfrentando, dada la intersección de formas de discriminación que han venido sufriendo por su etnia, raza, sexo y situación de pobreza. En tal sentido, los Estados deben enfrentar con debida diligencia toda discriminación que se relaciona con la persistente violencia física, psicológica, sexual y espiritual contra las mujeres indígenas en el hemisferio.
La CIDH destaca la necesidad de continuar fortaleciendo la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas. La Comisión recuerda que el respeto a los derechos humanos de estos, debe darse en el marco del derecho a la libre autodeterminación, a las tierras, territorios y recursos naturales que han ocupado y utilizado ancestralmente; a la salud, a la vida e integridad física, cultural, y psíquica de los pueblos.
