En Honduras poderes utilizan ejércitos de troles para desprestigiar a la prensa: SIP
Miami - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó su Reunión virtual de Medio Año con la presentación de sus conclusiones, entre las que destaca que en Honduras, Guatemala, Paraguay y Venezuela los poderes utilizan ejércitos de trolles en las redes sociales para desprestigiar a la prensa crítica.
En la reunión, realizada la semana anterior se estableció que en Cuba y Venezuela, los gobiernos continuaron cerrando medios independientes y bloqueando sitios web nacionales y extranjeros. En El Salvador y México, se denunció que los gobiernos utilizaron el software Pegasus para espiar las comunicaciones de los periodistas. En casi todos los países los poderes utilizan ejércitos de trolles en las redes sociales para desprestigiar.
"Hay visos de tragedia para la democracia en el continente americano debido al irrespeto a las libertades de prensa y expresión, que corroe los derechos humanos, debilita las instituciones y mata la esperanza de una vida digna", expresó el presidente de la SIP, Michael Greenspon, agregado que hay un balance de 10 periodistas asesinados, en el ultimo año, lo mismo que decenas de agresiones y atentados en contra del periodismo independiente.
Cinco de los 10 comunicadores fueron asesinados en Haití, y uno en Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Paraguay, respectivamente.
El drama de la prensa nicaragüense quedó registrado en un panel que revivió la represión descarnada de un régimen que expatrió y despojó de nacionalidad a 222 presos políticos, después de tenerlos encarcelados sin debido proceso ni garantías judiciales; entre ellos, Juan Lorenzo Holmann, gerente de La Prensa y director de la SIP.
En este período, más de 30 periodistas tuvieron que emprender el exilio desde Nicaragua, Guatemala, Ecuador y El Salvador, mientras el régimen de Cuba, amo y señor de todas las libertades sociales e individuales, sostiene la prohibición de salida del país para nueve periodistas independientes y mantiene en prisión a un reportero y a una influencer de redes sociales.
Ante el clima de violencia generalizado contra los periodistas, la reunión de la SIP profundizó su solicitud a los gobiernos del continente para que creen sistemas de protección como los que actualmente analiza el Congreso de Chile y ayer fue presentado en Paraguay. Además de la discusión sobre nuevos protocolos de seguridad que promueve la Unesco, la SIP dio a conocer su proyecto Redacciones + Seguras, con el que buscará que cada sala de redacción adapte las medidas de seguridad a su contexto.
La estigmatización y degradación pública de la prensa también es un fenómeno extendido entre presidentes y altos funcionarios. Gustavo Petro, de Colombia, continúa denigrando a periodistas y medios críticos, mientras que en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves los tildó de "sicarios políticos". Otros presidentes que hacen de esta práctica una labor cotidiana son Guillermo Lasso, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador, y Andrés Manuel López Obrador, de México.
Proyectos de leyes anti-libertad de prensa fueron presentados en Bolivia, donde se tomó de excusa el racismo. En Perú y Estados Unidos, algunas iniciativas legislativas buscan hacer más fácil demandar a los periodistas, con la intención de amordazar sus investigaciones y denuncias, lo que contraviene principios constitucionales y la jurisprudencia interamericana. Por el contrario, en Panamá un proyecto de ley busca limitar el secuestro de los bienes de los medios y el inicio de demandas millonarias contra ellos.
La reunión también sirvió para rechazar y denunciar las restricciones a periodistas y ciudadanos que buscan acceder a información pública, como lo garantizan leyes que los propios gobiernos no cumplen. Esto ocurre hasta en los países más democráticos, como Canadá, Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico. En Estados Unidos, incluso, los periodistas enfrentan problemas para acceder a fuentes oficiales, incluyendo al presidente Joe Biden. Del lado positivo, la SIP instó a los gobiernos a imitar la postura del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien anunció sanciones en contra de aquellas entidades públicas que no cumplan con brindar información a los solicitantes en forma rápida y oportuna.
