Casa Alianza pide revisar estrategia militarista, tras matar uniformado a un menor
Casa Alianza Honduras, ante el asesinato de un niño más por parte de miembros del Ejército Nacional, demanda poner un alto a esta política de gobierno que permite el abuso, la tortura y el asesinato de parte de los militares a la población civil.
El pasado 2 de enero del 2017 fue asesinado el niño Edgardo José Moreno Rodríguez (17) a manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el municipio de Santa María del Real, Olancho, hecho que provocó que los pobladores enardecidos le prendieran fuego a una patrulla.
Casa alianza en un comunicado manifestó este miércoles, que el asesinato de Moreno Rodríguez, no puede ser considerado un hecho aislado, "es parte de una política de gobierno que permite que los militares asesinen, maltraten, torturen y abusen de la población civil y en especial de mujeres, jóvenes y niños".
Agrega que "así lo demuestra el asesinato de la lideresa, indígena y defensora del medio ambiente, Bertha Cáceres, en donde se comprobó la participación directa de militares activos y muchos más asesinatos cometidos por miembros de la PMOP, desde su fundación hace tres años y que han sido denunciados a través de los diferentes medios de comunicación".
Casa Alianza considera que el responsable de este asesinato y de los otros cometidos por los miembros del Ejército Nacional es el actual gobierno, "que ha implementado una equivocada, costosa e ineficiente política de militarización de la seguridad".
Reitera que "cada dólar de ayuda militar a Honduras se traduce en violación de derechos humanos de las y los pobres en Honduras".
Asimismo la organización se muestra contrariada por el silencio y la complicidad de las diversas instancias de la comunidad internacional en el país ante este proceso de militarización y represión creciente que vive el pueblo hondureño.
Igualmente lamenta que la comunidad internacional tolere la falta de cumplimiento de parte de este gobierno, de compromisos expresos manifestados recientemente en Ginebra, por la vice ministra de Derechos Humanos: “Los militares van a ser retirados de la seguridad pública en el último trimestre del 2016” al contrario, los militares continúan recibiendo apoyo y ocupando espacios que le corresponden a instituciones civiles.
Ante esa situación Casa Alianza exige al gobierno, "revisar su estrategia militarista de seguridad y avanzar hacia una estrategia de seguridad humana con la participación de todos los sectores".
A las instancias de sociedad civil, la organización humanitaria estadounidense que trabaja con la niñez desamparada en Honduras pide no callar ante estos abusos y asesinatos.
