Ejecutivo propone reformas para que actores de seguridad no vayan a cárceles comunes
En aras de adecuar las leyes y códigos para una lucha efectiva contra las diferentes formas de criminalidad, el Ejecutivo remitió al Congreso Nacional este miércoles un paquete de reformas legislativas para el fortalecimiento y efectividad de la Política de Seguridad.
Entre las reformas que serán sometidas para su discusión y aprobación está el artículo 222 del Código Penal para ajustar el tipo penal del delito de extorsión, de manera que responda a la pluriofensividad y el delito se considere consumado con el solo hecho de hacer una amenaza.
Adiciona dos párrafos al artículo 335 del Código Penal para ajustar el tipo penal de terrorismo para estos casos, de manera que se tipifique así cualquier acto que conlleve a atemorizar o infundir temor en la población.
La iniciativa del ejectuivo busca reformar los artículos 227, 311 y 337 del Código Procesal Penal para que la prueba anticipada sea aceptada en juicio por los jueces, de manera que no sea necesaria la presencia de testigos.
Asimismo agrega un literal al artículo 25 del Código Penal para que se agreguen a causas de inculpabilidad una específica para los casos de actores de seguridad que en cumplimiento de su deber causen lesiones o muerte, siendo en la actualidad estos procesados como ciudadanos y no como servidores públicos.
Además solicita reformar el artículo 173 del Código Procesal Penal para que los actores de seguridad cumplan la orden de detención o prisión preventiva en la institución a la que pertenezcan.
Pide igualmente derogar el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Granjas Penales para que los servicios de comunicación del Instituto Nacional Penitenciario no sean aprovechados por los privados de libertad y adicionar un párrafo al artículo 2 de dicha Ley para que se generalice cualquier tipo de señal que permita la comunicación en los centros penitenciarios.
Con la reforma se adicionaría un párrafo al artículo 29 de la Ley de Inteligencia Nacional y reformar los artículos 27, 33 y 41 de la Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas para proveer un marco y que las compañías de telefonía puedan cooperar con la autoridad sin preocupación de infringir la ley.
La propuesta pide reformar el artículo 7, 8, 15, 16, 66, 18, 19, 20 y 33, así como derogar los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario para que exista una autoridad con amplias atribuciones y autonomía en cada centro penal del país y los artículos 27 y 51 de dicha Ley para establecer tres tipos de régimen ordinario para la separación adecuada de reos de máxima peligrosidad en los centros penales.
La reformar incluye los artículos 35, 38, 40 y 46 de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario para crear la Academia Nacional Penitenciaria con el fin de profesionalizar agentes y otros profesionales, el artículo 51 de dicha Ley para establecer un proceso de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad y evitar así su reincidencia en el delito, y los artículos 66, 91 y 92 de la Ley para reducir el hacinamiento en los centros penales mediante traslados.
Se agrega la reforma de los artículos 73, 83, 86 y 89 de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario para tener acceso a todo tipo de informaciones y comunicación y por todos los medios entre los privados de libertad y terceros (entre estos visitas), el artículo 76 de la Ley para crear un programa de ocupación comunitaria, educativa y productiva de manera que se reduzca a cero el ocio de los privados de libertad mediante actividades obligatorias y el artículo 88 para regular el beneficio de preliberación que actualmente es otorgado automáticamente cuando se cumplen algunos requisitos.
La voz de protesta ya se hizo sentir ante las pretendidas reformas, tal es el caso del diputado del partido Libre, Edgardo Castro quien manifestó en las redes sociales que "ante la casi segura derrota electoral, incluso con fraude, el régimen de Joh comienza a ver la posibilidad de encarcelar los lideres de la oposición con reformas al código penal y la ley 'antiterrorismo'".
Se cuestiona el hecho que las reformas favorecerían a militares que cometen delitos como el que recientemente ocurrió en Olancho, donde un menor fue ultimado por un miembro de la Policía Militar de Orden Publico.
