Periodista sufre acoso judicial por informar sobre gestión de exrector de la UNAH

El diputado del gobernante Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, interpuso el 27 de julio una querella contra el director del Foro Canal 10, Armando Villanueva.

El apoderado legal del querellante es el abogado Nicolás García Sorto, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exapoderado legal del expresidente, Rafael Leonardo Callejas.

García Sorto manifestó que la querella está relacionada con expresiones del periodista sobre la supuesta participación de Ramos Soto en la falsificación de documentos, «entre otros comentarios enlazados durante el programa de entrevistas, citando como antecedentes cuando el diputado fungió como rector de la Alma Mater».

En Honduras, las querellas son presentadas ante los Tribunales de Sentencia, el expediente es turnado a un juez que sirve como conciliador en las primeras etapas. Si la conciliación fracasa, el caso pasa a juicio oral y público.

El uso del derecho penal en este caso pretende atacar el discurso sobre asuntos de interés público, relacionados con el quehacer del legislador cuando fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Villanueva indicó al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organismo que hizo la denuncia, que su intención como periodista fue describir la época que se vivió en la UNAH en los ochenta, tal como lo indican varios libros, documentos, informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

El periodista sufrió hostigamiento por uso del derecho penal hace unos años por una querella promovida que terminó en conciliación y amenazas de demanda por otro político del Partido Nacional.

«Creo que un periodista no tiene que extralimitarse, pero al mismo tiempo creo que debe haber restricciones a funcionarios, diputados, inclusive al presidente que no permiten críticas», dijo Villanueva.

El papel de los periodistas es fiscalizar la conducta de los funcionarios cuando están en un cargo, opinó.

Canal 10 es propiedad del periodista, Rodrigo Wong Arévalo, quien también fue víctima de acoso judicial al ser condenado por querella del expresidente Callejas, quien posteriormente fue extraditado hacia Estados Unidos por actos de corrupción.

El 3 de mayo de 2015, en un comunicado de prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados a abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas.

«La Relatoría Especial continúa recibiendo serias denuncias sobre la apertura de procesos penales contra comunicadores, periodistas, dirigentes políticos y sociales por la expresión de opiniones críticas y la protesta frente alguna clase de poder político, económico o militar. En los últimos años, funcionarios públicos han llevado a la órbita penal a medios de comunicación y periodistas o directivos en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala", concluyó la CIDH.

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