Nueva agresión de DESA con la complicidad de la Policía denuncia el Copinh

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH) denunció que han sido nuevamente víctimas de agresiones físicas por parte de empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), propiedad de la familia Atala, las cuales ha sufrió en el marco de un ejercicio de control territorial.

En un comunicado difundido por el COPINH manifestaron que realizaban una caravana internacional solidaria hacia el río Gualcarque, como parte del Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”, después que se concluyera la ceremonia espiritual intercultural por nuestra compañera Berta Cáceres.

El hecho ocurrió luego que los miembros del COPINH y de las personas nacionales y extranjeras participantes del Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”, se retiraban pacíficamente una vez concluida la ceremonia y cuando se encaminaban hacia San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, a tomar los vehículos que les traerían de vuelta a Tegucigalpa, fueron atacados.

"Alrededor de 20 empleados y personas afines a DESA, la mayor parte en evidente estado de ebriedad, emboscaron la caminata pacífica golpeándoles con palos y piedras, incluso a personas de nacionalidad extranjera y niños", informa el comunicado.

Agrega que las agresiones provocaron que varias personas resultaran lesionadas y con heridas de importancia y lo peor es que todo ello fue "a vista y paciencia de la policía nacional y los militares asignados por el gobierno de Juan Orlando Hernández para apoyar a DESA".

Recordaron que la empresa DESA, había amenazado a COPINH y al encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”, en un comunicado publicado el día 12 de abril en su sitio web.

"Esta conducta de la empresa es reincidente ya que con anterioridad había realizado amenazas publicas bajo el mismo patrón a la compañera Berta Cáceres, días antes de su asesinato, y en el marco de acciones protogenocidas contra el COPINH y el pueblo Lenca. Amenazas hechas por esta empresa bajo el manto de impunidad que le ofrece el Ministerio Público, la Policía Nacional y los militares", añade.

Los agresores hicieron mención que querían ubicar a Tomás Gómez quién es el nuevo Coordinador General del COPINH, gritando de viva voz -Ataquémoslo, el es el que ha quedado-.

Los hombres armados también amenazaron con nombre y apellido a Sotero Chavarría (quien ha sido lastimado de una pedrada) y es integrante de la Coordinación General del COPINH.

Entre los gritos hechos por los agresores a los manifestantes decían -hemos matado a la mosca y solo quedó la plebe-, refiriéndose a la dirigente indígena Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo anterior en Intibuca.

Destacan que esa nueva agresión ha ocurrido en el mismo sitio en el que el 20 de febrero de este año, hombres armados de DESA, militares y policías quisieron dar muerte a Berta Cáceres. Hecho que fuera denunciado por ella misma y el COPINH en su oportunidad, y que no tuviera respuesta por parte de las autoridades. Once días después de ese atentado la compañera Berta Cáceres sería finalmente asesinada en su casa.

Recuerdan que la muerte de Cáceres fue el quinto asesinato cometido contra personas que hacen oposición a la instalación del Proyecto, cuya presencia en la zona violenta la Constitución de la República, el Convenio de la OIT 169, el Pacto Internacional de los Derechos económicos Sociales y Culturales, la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Genocidio y el Código Penal de Honduras.

El COPINH responsabiliza al Estado de Honduras, la empresa DESA, la Familia Atala, y la corporación municipal de San Francisco de Ojuera por nuevas agresiones que puedan hacerles a las y los participantes del Encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”, quienes aun se encuentren atrapadas en zona de peligro.

Igualmente responsabilizan "al gobierno de los Estados Unidos por el uso que los militares y policías hacen del apoyo financiero y logístico a militares y policías, que se dedican a custodiar los bienes del Proyecto Hidroeléctrico ilegal Aguazarca, en el río Gualcarque, dentro de la política de satanización contra el COPINH y el pueblo Lenca realizada desde el gobierno y DESA, y que la negativa de este gobierno a atender el llamado a suspender tales desembolsos usados para reprimir y asesinar al pueblo hondureño, les vuelve cómplices de tales conductas".

Finalmente hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional a exigir al gobierno de Honduras el cese del ejercicio de acciones genocidas contra el pueblo Lenca, y el COPINH, que son realizadas para concretar el despojo del territorio Lenca con fines comerciales para el gobierno de Honduras y sus funcionarios.