Embajador de España preocupados por amenazas contra observador internacional de DDHH
Un observador internacional de Derechos Humanos ha sido objeto de amenazas por parte de empresas que pretenden explotar los recursos naturales en comunidades indígenas del país.
El embajador de España en Honduras, Miguel Albero y la Fiscalía Especial de las Etnias han mostrado su preocupación por las graves amenazas de muerte sufridas por el observador internacional de DDHH, cuyo nombre no se proporcionó.
El Comité de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) en un comunicado manifestó que "durante las últimas jornadas agresiones verbales y fuertes amenazas se han dirigido en contra del acompañante internacional español presente en el COPINH, a lo cual han respondido la Fiscalía de las Etnias hondureña y la embajada de España en Honduras, en cabeza de su embajador".
Agrega que la Fiscalía de Etnias ha abierto un proceso de investigación acerca de las amenazas recientes a los integrantes del COPINH y del acompañante internacional. La embajada española se ha mostrado “preocupada y en completa disposición para ayudar” como lo comunicó su embajador, en esta situación de peligro.
"Este es un ejemplo de la agresión ejercida a las comunidades organizadas en resistencia frente a proyectos extractivos, contra la organización de COPINH y contra quienes apoyan esta lucha en resistencia por defender la vida por sobre los intereses económicos de empresas privadas", agrega el comunicado.
Explica que la comunidad indígena lenca de Río Blanco en el departamento de Intibucá (suroccidente), Honduras, organizada en el COPINH, lleva más de dos años en resistencia en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica del proyecto Agua Zarca, concesionado a la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) , financiada por los bancos FMO ( Banco Holandés) y el FINFUN ( Banco Finlandés).
En este conflicto, -añade-caracterizado por el uso de la violencia por parte de la empresa DESA en contubernio con las autoridades locales y regionales, han sido asesinados dos integrantes de la comunidad Tomás García y Maicol Rodríguez (13 años), el primero a manos de un miembro del Ejército hondureño y el segundo presuntamente por sicarios contratados.
Además de los asesinatos, la comunidad organizada en el COPINH, también enfrenta intentos de asesinatos, agresiones, amenazas, difamaciones y procesos de criminalización.
Sin embargo, debido a la presión ejercida por la comunidad y el COPINH, el proyecto fue detenido en su primer intento, pero ante la resistencia, la empresa trasladó su plantel y la zona de construcción unos cientos de metros río arriba, en un intento de cambiar de jurisdicción territorial hacia otro departamento, como forma de imponer obstáculos a las protestas de la comunidad lenca de Río Blanco y olvidando por completo los más elementales principios de territorialidad indígena consagrados en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.
Las agresiones y amenazas se han agudizado en contra de la comunidad lenca organizada en el COPINH, resultado de la resistencia de la comunidad ante este renovado intento de llevar a cabo el proyecto en contra de las comunidades, que tienen al río como su hábitat funcional y en detrimento de la soberanía nacional en la venta de los bienes comunes y de la naturaleza, sobre todo después del fallo en contra del suboficial del Ejército que asesinó a Tomás García, con un condena de prisión posible entre 15 a 20 años.
La resistencia en contra de la construcción de la represa, ha tenido la solidaridad de activistas internacionalistas se ha hecho presente de manera importante, dando a conocer la lucha del pueblo lenca y colaborando en la difícil tarea de confrontación a intereses transnacionales.
