Honduras séptimo país con mayor impunidad
No basta con tener leyes: es necesario que se apliquen y que el peso caiga sobre aquellos que las infringen. Porque si no es así los comportamientos antisociales se multiplican y se generalizan. Y surge la impunidad.
De esta manera explica el Centro de Estudios sobre impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla un fenómeno poco estudiado hasta ahora y que sin embargo está causando estragos en algunas sociedades.
Por eso ha elaborado el Índice Global de Impunidad, para lo que ha incluido 59 países –analizaron solo aquellos de los que tenían 14 indicadores completos- pertenecientes a las Naciones Unidas. Para ello, estudiaron por un lado la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, y por otro, la capacidad estructural que corresponde al diseño institucional de cada una de las naciones estudiadas. Tras compilar las cifras disponibles, otorgaron una puntuación (de 0 a 100), donde el cero sería la situación perfecta.
“El objetivo era crear un concepto que ayudara a entender el fenómeno y tratar de medirlo. La política pública requiere de fundamentos científicos, datos bien estructurados para tomar mejores decisiones”, explica Juan Antonio Le Clercq, coordinador de este del Índice Global de Impunidad 2015.
El resultado ha develado –aunque sin sorpresas en muchos casos- que numerosos países en América Latina aún tienen un gran trabajo que hacer.
La lista de los países que se ven desgarrados por este fenómeno está encabezada por Filipinas (con una puntuación de 80), mientras que México (75.7) aparece en el segundo puesto. Pero el 50% de las 10 primeras plazas están ocupadas por países latinoamericanos: Colombia (75.6) está en la tercera posición, Nicaragua (65.9) en la sexta, y Honduras y El Salvador están en el séptimo y octavo lugar (ambos con un 64.1).
El reporte del CESIJ identifica un “comportamiento similar” en estos dos países y sostiene que es debido a la “estructura y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia”. Los autores creen que, desde los años setenta, se ha producido una corporativización del crimen organizado, que está estrechamente vinculado al narcotráfico que se da en suelo mexicano y colombiano.
De esta manera, estos dos estados se ven limitados a la hora de ofrecer tanto seguridad como justicia, lo que explica la generación de un “clima constante de corrupción de las autoridades”, un cáncer que corroe las instituciones públicas en numerosas ocasiones.
El reporte dedica un apartado especial a México, donde pone de relieve que “el fenómeno de la impunidad pone en duda el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia pronta y expedita”.
El profesor Leclercq lo resume de manera en dos frases: “La impunidad está profundamente extendida. Para México es un tema muy dramático”.
El documento revela que existen dos problemas que hace que este fenómeno acampe en el país: la funcionalidad de su sistema de seguridad y en la estructura de su sistema de justicia. (Fuente univisión.com)
