Informe revela uso de recursos públicos en campañas de desinformación desde el gobierno
Un informe presentado por el Instituto de la Justicia, titulado “Operación Desinformación”, encendió las alarmas sobre el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios, empleados y becarios estatales en campañas digitales coordinadas desde el propio gobierno.
El estudio, que forma parte del capítulo hondureño de Transparencia Internacional, advierte que esta práctica amenaza la transparencia democrática y podría derivar en la institucionalización de la propaganda política con fondos públicos.
“El reconocimiento oficial de estas prácticas evidencia el riesgo de que la propaganda digital se convierta en una herramienta estatal, afectando la libertad de expresión y la confianza ciudadana”, concluyeron los expertos durante la presentación del informe, realizada en Tegucigalpa mediante un webinar con académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil.
ESTRUCTURAS DIGITALES Y COERCIÓN INSTITUCIONAL
La investigación, desarrollada en tres tomos, expone la existencia de redes de desinformación estatales, sus patrones de propagación y las rutas de acción necesarias para contrarrestar su impacto.
Mediante entrevistas a funcionarios, exempleados público y becarios, así como el análisis de planillas, contratos y comunicaciones oficiales, el estudio documenta una estructura que operaba desde cuentas reales y falsas para manipular la conversación pública.
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El informe señala que en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión anterior, se instauró un entorno de control y coerción, donde los empleados y becarios eran obligados a compartir mensajes progobierno desde sus redes personales o incluso manejar cuentas falsas bajo amenaza de perder su trabajo o beca.
Asimismo, la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) habría funcionado como centro de generación y difusión de propaganda política, con un presupuesto que pasó de 417 millones de lempiras en 2023 a más de 1,025 millones en 2025, y con 278 empleados dedicados exclusivamente a campañas digitales.
Solo en salarios, el gasto mensual supera los 9 millones de lempiras.
UNA MAQUINARIA CON IA Y PÁGINAS FALSAS
El documento también describe la utilización de páginas falsas que simulan medios de comunicación, el empleo de operadores humanos profesionales y el uso experimental de inteligencia artificial para producir contenido propagandístico.
Según el Instituto de la Justicia, estas acciones representan una grave amenaza para la democracia hondureña, pues desvían recursos que deberían destinarse a educación y salud, fomentan la autocensura periodística y socavan la confianza ciudadana.
“El uso de fondos públicos para la propaganda política erosiona la transparencia y fortalece el miedo y el descrédito hacia quienes fiscalizan al poder”, advirtió la organización. (Tomado de Elpais.hn)
