El encargado de la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (DIRSSE) de la Municipalidad de San Pedro Sula pretendió condicionar una entrevista imponiendo una declaración jurada a la periodista Liseth Garcia, del Diario La Prensa.

En un evidente acto de censura, el funcionario de la alcaldia violenta la libertad de prensa y el derecho a la información, al tratar de imponer la firma de una declaración jurada a la periodista García.

Jonathan Cardona, pretendía que la periodista, firmara una declaración jurada para poder brindarle una entrevista sobre temas de interés en la ciudad.

Aunque la entrevista había sido concertada con el fin de que el funcionario explicara a los sampedranos la situación de la recolección de basura en la central de abastos y la contratación de una veintena de empresas para recoger desechos en la ciudad, pese a que existe un contrato de concesión para tal fin, Cardona pretendía que fuera bajo juramento, poniendo en duda la ética y la responsabilidad de la colega para hablar sobre el cuestionado tema .

“Los funcionarios están en la obligación de brindar información pública y no entiendo cuál es el miedo de dar información. Nadie puede orillar a un periodista a firmar esos documentos porque es prácticamente un bozal”, lamentó García.

El documento, elaborado por el propio funcionario, pretendía que la periodista lo firmara y en él que obligaba a García “asumo plena responsabilidad por el uso, manejo y difusión de la información obtenida en la entrevista, comprometiéndome a respetar los principios de transparencia, ética profesional y respeto a la verdad”.

García, quien también es vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), le manifestó al funcionario que en sus 25 años de ejercicio periodístico, era la primera vez que enfrentaba una situación de este tipo. Además, le advirtió que esa exigencia violentaba el derecho a informar, así como la libertad de expresión y de prensa.

Ante la negativa de la periodista, Cardona respondió que entonces procedería a grabar todo lo que se hablara, y se dirigió a habilitar un teléfono montado en un trípode en la esquina de la oficina. Frente a esa situación, el equipo de La Prensa decidió retirarse y la entrevista no se llevó a cabo.

El CPH, Capítulo Noroccidental, condenó la acción del funcionario municipal y se solidarizó con García.