Semestre desolador para el periodismo en las Américas

La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada de modo virtual del 19 al 21 de abril de 2022, concluyó que la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en las Américas.

En el último semestre fueron asesinados 15 periodistas (10 en México, tres en Haití, uno en Guatemala y otro en Honduras). Trece de esos crímenes ocurrieron en los tres primeros meses de 2022.

Lo más preocupante es la impunidad de esos delitos, ya que este año prescribirán nueve casos de asesinatos contra periodistas ocurridos en 2002 en Colombia. 

En Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son con inusitada frecuencia víctimas de la persecución y represión de gobiernos totalitarios. Las agresiones incluyen el encarcelamiento de ocho comunicadores: seis de Nicaragua y dos de Cuba. Otros 77 periodistas fueron forzados al exilio: 75 de Nicaragua y dos de Cuba. 

La SIP aprobó una resolución sobre Nicaragua, en la que 27 organizaciones de prensa nacionales e internacionales asumen un plan de acción para restaurar las libertades de prensa y expresión como garantías esenciales para restablecer la democracia en esa nación centroamericana. 

"El gobierno encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación", sostiene la resolución al exponer algunas de las atrocidades perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

También generaron preocupación los atentados incendiarios contra cuatro medios, dos en Argentina y dos en Colombia. Periodistas de Cuba, El Salvador y Venezuela fueron objeto de vigilancia digital.

El gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, usó el software Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación. El régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, bloqueó portales de internet y censuró el acceso a la red en forma general, valiéndose de compañías de telecomunicaciones internacionales.

La Reforma al Código Penal en Cuba agrava las penas por desacato a la autoridad, crea delitos para penalizar a usuarios de redes sociales y castiga con cárcel y multa la "clandestinidad de publicaciones". Proyectos restrictivos surgieron en Aruba, con la ley de medios, y en El Salvador, con el estatuto contra pandillas que criminaliza a medios y periodistas.

Otro foco de atención es la multiplicación de estigmatizaciones presidenciales, practicada también por otras autoridades y dirigentes en Argentina, Aruba, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió a empresas privadas que boicoteen a los medios absteniéndose de contratar publicidad. En Perú, la Fiscalía entabló investigaciones contra periodistas por reportajes en torno del caso Lava Jato y otras coberturas sobre corrupción pública. Amenazas por contenidos críticos se produjeron también en Guatemala, El Salvador y México.

Proliferaron las restricciones de acceso y de cobertura informativa en Aruba, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Grave acoso judicial se manifestó en Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. En Estados Unidos, se incrementan las demandas contra medios por difamación y las citaciones judiciales a periodistas.

POSITIVA DEROGACIÓN DE LEY DE SECRETOS

La SIP destaca que en el último semestre hubo otros aspectos positivos. En Honduras fue derogada la Ley de Secretos; en Paraguay avanza un proyecto de ley sobre protección para los periodistas, y en Puerto Rico se sometieron proyectos de ley para proteger fuentes confidenciales. En Brasil se logró sentencia por el asesinato en Paraguay de Pablo Medina, de ABC Color, y en Ecuador se valoró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de El Universo, sus directores y un columnista respecto de una demanda iniciada por el entonces presidente Rafael Correa. 

El gobierno de Canadá propicia una ley para obligar a las grandes plataformas digitales a pagar a los medios por el uso de sus contenidos, y creó un fondo especial para apoyar al periodismo local y favorecer su transformación digital.

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