CIDH recomienda a Honduras adoptar medidas cautelares para presidenta de la Conaprev

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor Glenda Carolina Ayala Mejía y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de su labor como Comisionada presidenta del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNP–CONAPREV).

Ayala Mejía, ha sido objeto de amenazas en su contra y obstaculización a su labor, entre los años de 2017 y 2021, en Honduras. Asimismo, se informó que tales hechos han sido denunciados a las autoridades estatales en reiteradas ocasiones. Recientemente se informó sobre un presunto plan para asesinar a la señora. El Estado informó que el Mecanismo de Protección evaluó, el 5 de febrero y el 29 de octubre de 2021, que no se cumplían los requisitos legales para otorgar medidas de protección a la señora Glenda Ayala, pero que habría medidas de protección policial vigentes a Ayala Mejía y sus hijos.

La CIDH valoró la información recibida y consideró que los eventos de riesgo alegados estarían relacionadas a la labor de la señora Glenda Ayala, en particular la información reciente respecto del presunto plan para asesinarla.

Aunado a lo anterior, la CIDH observó las diferentes denuncias presentadas a lo largo de los años a las autoridades sin avances sustantivos y la falta de medidas idóneas para la situación concreta de la señora Ayala.

Por consiguiente, la CIDH solicitó al Estado de Honduras que adopte las medidas necesarias, con enfoque de género, para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Glenda Carolina Ayala Mejía y su núcleo familiar.

Asimismo que adopte las medidas necesarias para que la propuesta beneficiaria pueda desarrollar sus actividades como Comisionada presidenta de MNP-CONAPREV sin ser objeto de actos de amenazas, hostigamientos y otros hechos de violencia en el ejercicio de sus labores.

Finalmente le pide al Estado hondureño informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

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