Cohep reitera oposición a la reelección presidencial y exige se cumpla con la alternabilidad

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), reiteró su oposición a la reelección presidencial, por lo que exigen a todas las instituciones y partidos políticos que cumplan la obligación de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, tal como se establece en el artículo 45 de la Constitución de la República.

El sector privado, deja claro que no permitirá que se ponga en riesgo la paz social de los hondureños y que se continúe agudizando la división social en el país por satisfacer los intereses particulares de algunas personas que se benefician de la política, dándoles el mensaje que “la democracia no es negociable, el pueblo merece respeto”.

Honduras se encuentra en un momento sin precedentes y se necesita un proceso electoral transparente y a la altura de las circunstancias, en donde se respete el Estado social de Derecho y se fortalezca la democracia, ya que desde los comicios del año 2017 se produjo un ambiente de crispación social que aún no se supera y la desconfianza en los partidos y líderes políticos implica un gran desafío nacional.

Por esta razón, el COHEP solicita al Congreso Nacional de la República que apruebe la Ley Electoral de Honduras, antes del 13 de septiembre de este ato, tomando en cuenta las recomendaciones de organizaciones internacionales como la OEA y las Naciones Unidas, pensando en los mejores intereses del pueblo hondureño y no en los intereses particulares de los partidos políticos.

Agregan que las reglas deben ser claramente definidas, dando confianza a la población y asegurando la paz social, además que las campañas electorales se deben enmarcar dentro de la "Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos", esto para impedir el uso de fondos públicos para hacer proselitismo político en las elecciones primarias y generales.

Finalmente llaman al Consejo Nacional Electoral (CNE) a actuar dentro del marco de la ley y a respetar la voluntad soberana del pueblo hondureño, ejerciendo su función como un órgano colegiado y no como representantes de los partidos políticos.

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