¿Para qué ha servido el todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad?

Por Radio Progreso y el ERIC-SJ

Un elemento que caracteriza al Estado de derecho y revitaliza una sociedad democrática es el principio de separación de poderes, el cual exige la existencia de un control real entre los diversos órganos y la racionalización del poder para impedir abusos de quienes lo ejercen.

Lo que busca es evitar la concentración del poder mediante un sistema de equilibrios y controles mutuos entre los poderes del Estado. Solo cuando estos poderes se limitan recíprocamente es posible llevar a buen término la finalidad misma del Estado de derecho, es decir, el pleno desarrollo de la dignidad humana.

No obstante, como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Honduras existe un órgano -el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad-, a través del cual se ha promovido una creciente concentración de poder del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial.

En este sentido, este Consejo está conformado por el Presidente de la República, quien lo preside, así como por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General, el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, y el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Especial que lo crea, el Consejo es “el máximo órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de Seguridad, Defensa Nacional e Inteligencia”.

Para ello, el Consejo Nacional cuenta con una Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia que, en teoría, recaba y le ofrece información precisa y confidencial sobre narcotráfico y criminalidad organizada, y con la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, que constituye su brazo armado y operativo en la lucha contra el crimen organizado.

El juicio en Estados Unidos contra Tony Hernández por narcotráfico confirma dos cosas: primero, que los miembros del todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad son cómplices de las actividades criminales del hermano presidencial, a quien nunca investigaron ni detuvieron.

Segundo, que la activación del Consejo Nacional solo ha servido para concentrar todo su poderío en materia policial, militar, de investigación e inteligencia en manos de Juan Orlando Hernández, gracias a lo cual ha podido violar la Constitución, reelegirse ilegalmente, ordenar la comisión de violaciones a derechos humanos y cometer graves actos de corrupción con total impunidad.

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