Evidencia en juicio por narcotráfico en EEUU podría derrocar al presidente de Honduras

Escrito por Parker Asmann y Seth Robbins octubre 2, 2019

Aunque será su hermano menor quien comparezca en la corte por acusaciones de narcotráfico, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también será juzgado en las próximas semanas por dirigir lo que puede calificarse como un narcoestado.

El juicio de Juan Antonio “Tony” Hernández —cuyo inicio está programado para el 2 de octubre— puede resultar una bomba, y podría confirmar la sospecha de nexos entre el crimen organizado y el presidente Hernández, a quien los fiscales han señalado de haber recibido millones de dólares del narcotráfico para financiar sus campañas políticas.

En noviembre de 2018, las autoridades federales detuvieron a Tony Hernández en Miami, por delitos relacionados con drogas y armas. Las autoridades lo acusan de ser un “narcotraficante a gran escala”, y tan osado que llegó a marcar los paquetes de cocaína con sus iniciales, afirma el expediente criminal.

El presidente Hernández, su hermano menor y otros políticos y representantes del gobierno recurrieron al narcotráfico para “mantener y acrecentar su poder político”, alegan los fiscales estadounidenses. 

Desde esa fecha, en manos de la justicia han caído prominentes figuras, desde alcaldes hasta funcionarios de alto rango de la policía, lo que ha apretado la soga en torno al presidente, cuya pose de paladín del crimen irónicamente lo llevó al poder. 

Los contactos de Tony con el hampa

Poco después de su detención, Tony Hernández rindió una extensa declaración ante agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés), en la que describió sus conexiones con la crema y nata del narcotráfico de Centroamérica.

Juan Orlando Hernández

A continuación, InSight Crime analiza parte de la evidencia y de los actores en el juicio que podrían poner fin a este mandato presidencial.

Entre ellos se encontraban Héctor Emilio Fernández, alias “Don H”, quien purga cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína; Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, coacusado en el caso de Hernández, y Los Cachiros, familia de ladrones de ganado que se hicieron narcos.

El exdiputado también está relacionado con varios representantes del gobierno sospechosos de tener nexos criminales. Entre ellos se cuentan Amílcar Alexánder Ardón, exalcalde que declaró a los fiscales que negoció con Tony Hernández para entregar ganancias de la droga para las campañas de Juan Orlando Hernández; Fredy Renán Nájera Montoya, exdiputado que enfrenta cargos por narcotráfico; y Mario José Cálix Hernández, exalcalde a quien Estados Unidos ha solicitado en extradición por narcotráfico y es otro de los acusados en el caso.

Además, el clan de Los Valle —que en su mejor momento fue uno de los enlaces más importantes entre organizaciones narcotraficantes mexicanas, colombianas y guatemaltecas— vio a Tony Hernández y sus conexiones con la élite política de Honduras como una forma de blindarse frente a la extradición.

“Hablé con [un cómplice de Los Valle] por teléfono una sola vez… él me ofreció helicópteros… lo que quería era tener gente en el Congreso para poder… para poder manejar, obviamente, el tema de las extradiciones”, declaró Tony Hernández a la DEA después de su captura.

Cediendo a la presión de Estados Unidos en 2012, el Congreso hondureño sancionó una reforma constitucional mediante la cual el expresidente Porfirio Lobo autorizaba la extradición. El presidente Juan Orlando Hernández, en ese entonces uno de los diputados más importantes, tuvo una participación fundamental.

Aun cuando ambos presidentes procedieron a extraditar una larga lista de importantes narcos, los fiscales pueden tener más evidencia para demostrar cómo Tony Hernández y el presidente Hernández intentaron usar la influencia política de este último para proteger a narcos de su círculo más cercano.

Devis Rivera Maradiaga: las conversaciones de un capo

Sorprendentemente, las drogas no fueron el tema de una conversación interceptada entre Tony Hernández y Devis Rivera Maradiaga, una de las cabezas del poderoso clan narco Los Cachiros, quienes terminaron cooperando con la DEA.

En un encuentro en febrero de 2014, Rivera Maradiaga le preguntó a Hernández, cuyo hermano acababa de convertirse en presidente, sobre las deudas del gobierno con una firma constructora de propiedad de Los Cachiros. La firma había recibido US$2,7 millones en contratos a cambio de sobornos durante la administración Lobo. 

La reunión, grabada en secreto por Rivera Maradiaga, es una de las pocas pruebas incontrovertibles que se han conocido hasta el momento en el caso contra Hernández. Dos fotos borrosas de Hernández en la reunión también se cuentan entre los documentos presentados por los fiscales, quienes dicen que este recibió US$50.000 como soborno del traficante. Durante una entrevista con agentes de la DEA, Hernández negó que conociera a Rivera Maradiaga, aun después de que se le mostraron esas mismas imágenes. 

Los fiscales han usado el testimonio de Rivera Maradiaga y las conversaciones interceptadas para condenar al hijo del expresidente Lobo, Fabio Lobo; Alberto Valladares Zúñiga, jefe de policía que actuaba como sicario para Los Cachiros, y Sergio Neftalí Mejía Duarte, alias “El Compa”, narcotraficante que trabajó con el Cartel de Sinaloa y se dice que estuvo presente en una reunión en la que se planeó el asesinato en 2009 del entonces zar de la droga, Julián Arístides González. También han utilizado dichas evidencias para inculpar a otros oficiales de policía y funcionarios de gobierno.

Rivera Maradiaga también ha implicado a miembros de la poderosa familia Rosenthal, entre ellos al magnate de la banca Jaime Rosenthal, en lavado de dinero para Los Cachiros. Yankel Rosenthal, quien fungió como ministro de inversiones en el mandato del presidente Hernández hasta junio de 2015, y su primo Yani Rosenthal, se declararon culpables de los cargos de lavado de dinero formulados por Estados Unidos.

Es muy probable que Rivera Maradiaga sea llamado como testigo en el juicio de Hernández. La pregunta es qué más podría aparecer en su grabación de la reunión, y si se menciona a Juan Orlando ahí o en otras conversaciones.

Nueva evidencia podría recabarse de los dos teléfonos celulares de Tony Hernández, que fueron incautados por los agentes de la DEA al momento del arresto de aquel. Los fiscales también han solicitado acceso a varias cuentas de correo electrónico para rastrear las comunicaciones entre Hernández y sus coconspiradores.

‘El Rojo’: amigo de Tony y coacusado

Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, es una figura del hampa hondureña poco conocida, sobre quien pesan acusaciones de narcotráfico en el mismo caso de Tony Hernández. 

Arrestado en 2017 en Ciudad de Guatemala, Díaz Morales operó durante más de una década en el oeste de Honduras, a lo largo de la frontera con Guatemala. 

En el curso de las investigaciones en torno a Díaz Morales —quien presuntamente se apoyó en una red de políticos y funcionarios de la policía y el ejército para facilitar sus delitos—, un funcionario de la embajada de Estados Unidos le informó a InSight Crime que el hermano del presidente había sido calificado de “persona de interés” en 2016.

La organización de Díaz Morales tenía su sede en Gracias, Lempira —la ciudad de la familia de Hernández y también el departamento donde Juan Orlando se lanzó a la política nacional como diputado—. En la entrevista con las autoridades estadounidenses después de su arresto, Hernández admite que él y Díaz Morales “tenían una buena amistad”, y declara que este último le pidió que participara en “una carga” y le ofreció “trabajo”, con lo que se refería a transportar estupefacientes a Estados Unidos. También admite que Díaz Morales le dio regalos por medio de un cómplice de nombre Carlitos. 

Los regalos, entre los que había dos pistolas Glock, un reloj Rolex y un caballo peruano, eran “un bono”, según le dijo Carlitos, por ser “buen amigo”. 

Mauricio Hernández Pineda: alto oficial de policía, primo y coacusado

Antes de posesionarse en 2014, Juan Orlando Hernández prometió mano dura en la lucha contra los grupos del crimen organizado de su país, que han convertido a Honduras en uno de los países más violentos de Latinoamérica.

Como parte del llamado compromiso, el presidente Hernández comenzó en 2016 un proceso de depuración de la policía nacional. Pero en ese periodo las acusaciones criminales y las detenciones han asediado a la comisión encargada de dicha depuración, y no se retiraron todas las manzanas podridas. 

Mauricio Hernández Pineda, antiguo alto oficial de la policía nacional y primo de Tony y Juan Orlando Hernández, ahora enfrenta cargos por delitos de drogas y armas como parte del caso contra Tony. Supuestamente él fue desvinculado de la institución en agosto de 2017, no por su presunta conducta criminal, sino como parte de una “reestructuración” más amplia.

Durante casi 20 años, alegan los fiscales,Hernández Pineda prestó servicios de seguridad armada para cargamentos de cocaína y entregó “información policial sensible sobre planes de operaciones” a sus coconspiradores para ayudarles a eludir su captura. 

Los fiscales también señalan que, aunque Juan Orlando Hernández fungía como diputado en 2010, su primo sobornó a otro oficial de la policía nacional con regalos y pagos para obtener información sobre operativos de seguridad, con el fin de beneficiar la conspiración de drogas de Tony Hernández, según un resumen de la evidencia.

Años después, en 2012, cuando el otro agente de policía, que es identificado en los documentos de la corte solo como un testigo cooperador (CW-4), mencionó preocupación por su posible extradición a Estados Unidos, Hernández Pineda le aseguró a su colega que, aunque la extradición estaba vigente “en teoría”, ellos “no serían extraditados”.

El presidente Hernández había considerado suprimir la ley de extradición que él mismo ayudó a aprobar en 2012, por temor, según los documentos judiciales, de que su hermano fuera objeto de una orden de extradición de Estados Unidos. En últimas no lo hizo.

Según los fiscales, Tony Hernández y Hernández Pineda conspiraron para aprovechar el narcotráfico con el fin de “mantener y acrecentar […] el poder del Partido Nacional en Honduras”, del cual su pariente, el presidente Hernández, era una estrella en ascenso que más tarde se convirtió en la imagen del partido como jefe de Estado.

El nombre de Hernández Pineda nunca aparece en la entrevista de Tony con la DEA. Pero Tony señala que su hermano le había advertido, en términos generales, sobre las compañías que frecuentaba. 

“Si hay algo, será problema tuyo”, afirma Tony que le dijo su hermano Juan Orlando Hernández. 

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