CIDH preocupada por amenazas y detenciones de líderes del Bajó Aguan

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por una serie de desalojos violentos que habrían ocurrido en la zona del Bajo Aguán en el contexto del conflicto agrario que existe en la región, así como por las amenazas y detenciones que habrían sido perpetradas en contra de varios líderes y lideresas campesinos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión el 8 de mayo de 2014, presuntos hechos que habrían ocurrido desde el mes de mayo hasta la fecha. La Comisión insta al Estado a investigar estos hechos de violencia y a procesar y sancionar a los responsables. Adicionalmente, la CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
La CIDH intervino desde el 21 de mayo de 2014, miembros de la policía y del ejército, así como guardias de seguridad privada habrían participado en el desalojo violento de las fincas La Trinidad y El Despertar, en el municipio de Trujillo, Colón, donde 300 familias afiliadas al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) habrían sido desalojadas.
De esta operación presuntamente habrían resultado heridos alrededor de 50 campesinos y 8 miembros de las fuerzas de seguridad. Adicionalmente, 15 personas habrían sido detenidas y presuntamente golpeadas, entre los detenidos se encontrarían Walter Cárcamo, Jaime Cabrera y Antonio Rodríguez, beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión semanas antes del suceso. Presuntamente Jaime Cabrera habría sido amenazado de muerte por miembros del ejército y de la policía, quienes supuestamente le habrían colocado un fusil en la oreja izquierda.
Adicionalmente, el 3 de julio la Policía Nacional, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III y el 15 batallón de Fuerzas Especiales habrían llevado a cabo el desalojo de 350 familias del Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez (MCRCG) que se encontraban en la finca Paso Aguán desde mayo del presente año.
Las familias presuntamente fueron desalojadas de forma violenta mediante el uso de gases lacrimógenos y varios de los campesinos habrían resultado heridos y siete detenidos, entre los que se encontrarían dos de los líderes campesinos beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Por otro lado, el 30 y 31 de julio los defensores de derechos humanos Martha Arnold, Irma Lemus y Rigoberto Durán, integrantes del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, habrían sido perseguidos por dos vehículos.
Adicionalmente, el 19 de agosto el líder campesino Santos Torres del MCRGC y beneficiario de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, habría sido amenazado por militares y guardias de seguridad en su domicilio, quienes presuntamente lo habrían apuntado a él y su esposa con armas de fuego.
En la zona del Bajo Aguán, existe un conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios que ha dejado 112 campesinos asesinados en los últimos cuatro años en el contexto del conflicto agrario que aqueja a la región.
La Comisión Interamericana se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre la situación en el Bajo Aguán y observa que continúa siendo altamente preocupante.
En este contexto, el 8 de mayo de 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 123 miembros de las organizaciones “Movimiento Campesino Recuperación del Aguán”, MCRGC, Movimiento Unificado Campesino del Aguán” y MARCA, solicitando al gobierno de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Los actos de violencia y otros ataques contra los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a aquellas personas para quienes trabajan.
La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.