Mesa de Derechos Humanos pide sanción a juez que dejó libre a oficiales acusados de tortura

La Mesa de Derechos Humanos interpuso este miércoles una denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, ante la Inspectoría General de Tribunales, contra la jueza Gabriela Cristina Gallo, quien dictó sobreseimiento definitivo a favor de los oficiales de la Policía Preventiva Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez.

A los oficiales se les acuso de los delitos de torturas, detención ilegal, lesiones, abuso de Autoridad y Violación a los deberes de los funcionarios, en el caso de la represión contra cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes, ocurrida el 08 de septiembre de 2017, en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sin embargo la juez les aplico sobreseimiento definitivo en los cinco delitos.

La Mesa de Derechos Humanos constituida por organizaciones que defienden a las víctimas de las arbitrariedades contra sus derechos fundamentales, considera que la resolución de la jueza está cargada de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas y contiene actos de discriminación y desprecio contra los defensores de derechos humanos Carlos del Cid, María Tomasa Morales, Hedme Castro y Ariel Díaz y ocho estudiantes, quienes fueron las víctimas directas de las acciones violatorias a los derechos humanos por parte de los oficiales.

En un comunicado, la Mesa afirma que "las acciones arbitrarias y vergonzosas de la jueza Gallo quedaron plasmadas en el expediente No. 3054-2017, del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, y constituyen la evidencia que el Estado de Honduras fomenta la impunidad y se colude con los violadores de los derechos humanos".

Agrega que "con la resolución los oficiales quedaron habilitados para continuar con su conducta delictiva contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y facultados para obstaculizar la labor en la defensa y protección de los derechos fundamentales, en contradicción a tratados internacionales de protección a estos derechos y que el Estado de Honduras ha ratificado".

A la Inspectoría, la Mesa le solicita una investigación pronta, expedita e imparcial, contra la juez, con el objetivo de restituir los derechos violentados de las víctimas al acceso a la justicia, el debido proceso y el castigo ejemplar a los funcionarios estatales responsables.

Pide igualmente que se tome declaración representantes del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), de embajadas e instituciones internacionales cuyos nombres constan en el acta, y que se examine la conducta de la funcionaria.

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