Relator de DDHH de la ONU se va preocupado por impunidad en asesinatos

Me han conmovido realmente testimonios e historias de familiares de personas desaparecidas, así como de defensores que han sido arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales han sido maltratados por la policía o el ejército, manifiesta Michel Forst.

Revisar las leyes utilizadas para criminalizar a los defensores de derechos humanos por su trabajo legítimo, con miras a que su contenido y ejecución se ajusten al principio de legalidad y a otras normas internacionales de derechos humanos, recomendó Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, durante su visita del 29 de abril al 12 de mayo.

Forst se mostró preocupado por el efecto multiplicador de la impunidad de los asesinatos, la violencia y los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, por lo cual instó al gobierno a que invierta urgentemente la tendencia a la impunidad en Honduras.

El Relator igualmente pidió al presidente de la República, Juan Orlando Hernández con quien se reunió, que apoyen firmemente la importante labor de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y de la Fiscalía General de la Nación.

Forst quien se reunió con unos 400 defensores de derechos humanos de La Paz, La Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Tocoa y Choluteca, recomendó que se acelere el proceso de creación y puesta en marcha de la Fiscalía Especial para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros, en vista de los ataques y amenazas de que son objeto.

El objetivo de la visita de Forest era evaluar si Honduras ofrece los elementos básicos de un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos, y el Relator concluyó que "todavía existe una brecha entre el compromiso internacional y la aplicación nacional".

El Relator Especial recibio información de al menos 80 casos, donde se han imputado cargos a personas que protestaban, relacionados con el uso de la violencia y se refieren a presuntos delitos cometidos durante las protestas, que van desde daños y perjuicios, incendios provocados, producción y detención de material explosivo, robo, tenencia ilícita de armas, asociación ilícita, ataques contra la integridad de la persona y homicidio.

La misión recibió docenas de testimonios de una violencia extrema en todo el país, que ha sido ampliamente documentada por varios observadores internacionales que confirmaron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la policía militar y el ejército, lo que causó la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos.

"Me han conmovido realmente...testimonios e historias de familiares de personas desaparecidas, así como de defensores y defensoras que han sido arrestados arbitrariamente, algunos de los cuales han sido maltratados por la policía o el ejército, líderes comunitarios e indígenas, que han denunciado haber sido privados de sus tierras, sus cultivos han sido destruidos y sus cosechas robadas, defensores y defensoras que trabajan en temas delicados como los derechos sexuales y reproductivos o la orientación sexual e identidad de género", señala el informe.

Agrega que "llegó a la conclusión de que, a pesar de los grandes esfuerzos por establecer un mecanismo eficaz de protección, la gran mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras no pueden trabajar en un entorno seguro y propicio".

Categoricamente manifiesta que "están en peligro en la mayor parte del país y no se sienten seguros debido a los numerosos ataques y amenazas, la criminalización de sus actividades y la falta de acceso a la justicia. La estigmatización, encabezada por altos funcionarios y medios de comunicación, no sólo los desempodera, sino que los expone a mayores riesgos. Se enfrentan a campañas de difamación dirigidas a desacreditar su trabajo, a menudo equiparándolos con la oposición política, o tachándolos de antinacionales, criminales o incluso hasta de traidores".

Forst afirma que también recibió "testimonios de detenciones masivas, palizas a manifestantes y represión y uso de la violencia contra periodistas que intentaban grabar y documentar manifestaciones. En el curso de mis reuniones, también me reuní con estudiantes que participaron en diversas manifestaciones relacionadas con las demandas educativas y que ahora corren el riesgo de ser expulsados".

Forst presentó un informe preliminar este viernes en Tegucigalpa, pero el informe final lo presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en marzo de 2019.

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