Ejecuciones ilegales y arbitrarias en Honduras destaca informe de Departamento de Estado de EEUU
Los problemas de derechos humanos más graves registrados por Estados Unidos en Honduras son las acusaciones de "ejecuciones ilegales y arbitrarias", las duras condiciones penitenciarias que suponen un riesgo para la vida y los asesinatos y amenazas a los integrantes de los medios de comunicación.
Así se establece en el último informe de Derechos Humanos 2017 divulgado por el Departamento de Estado en las última semana, también se refiere a "la extendida corrupción gubernamental, incluido el sistema judicial" y las amenazas contra las comunidades de origen africano, así como violencia contra lesbianas, gay, bisexuales y transexuales (LGTBI).
Destaca que las organizaciones criminales, tanto locales como internacionales, cometieron también un número "significativo" de delitos como asesinatos, extorsión, secuestros, torturas y tráfico de personas.
Estados Unidos también constató la impunidad "en muchos casos", como en el asesinato del zar antidrogas Julián Aristides González en 2009.
El documento, que evalúa la situación de derechos de todos los países del mundo, fue suscrito por el secretario interino de Estado, John Sullivan.
El Informe contiene 32 páginas, pero en su resumen ejecutivo las primeras líneas fijan la posición en torno al proceso electoral de noviembre donde “los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández del Partido Nacional como presidente por un periodo de cuatro años que comenzaron en enero de 2018", dice textualmente el resumen ejecutivo.
El Informe también establece textualmente que "los observadores internacionales generalmente reconocieron que las elecciones fueron libres".
El informe hace una radiografía de los asuntos más importantes relacionados con derechos humanos y en el caso de Honduras se incluye las muertes arbitrarias, una denuncia de tortura, condiciones penitenciarias duras y amenazantes para la vida, arrestos o detenciones arbitrarias, interferencia ilícita con la privacidad, asesinatos y amenazas a miembros de medios de comunicación por parte de criminales y la criminalización de las calumnias.
Además, cita casos de corrupción, incluso en la Judicatura, ante cuyas denuncias, el informe establece textualmente "el gobierno tomó medidas para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos".
Sin embargo, el informe establece que "la impunidad existe en muchos casos, como lo demuestra el prolongado proceso judicial, pocas condenas de los perpetradores, y fallas en enjuiciar a autores de crímenes".
Hace referencia a autores de casos emblemáticos que datan de hace muchos años, tales como el asesinato en 2009 del zar antidrogas Julián Arístides González, el cual "disfruta la impunidad".
El informe también reconoce que "Elementos delictivos organizados, incluidas las bandas de traficantes de narcóticos locales y transnacionales, fueron los autores de crímenes violentos y cometieron actos de asesinato, extorsión, secuestro, tortura, tráfico de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de los derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, la comunidad empresarial, periodistas, bloggers, mujeres y otros miembros de poblaciones vulnerables".
