Congreso Nacional limita con sus acciones el combate a la corrupción: CNA

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) manifestó su preocupación, a los artificios que la clase política está utilizando, mediante la presentación de reformas, decretos, fe de errata, reglamentos y resoluciones, que limitan acciones encaminadas a combatir la corrupción de manera frontal.

Por ello, el CNA hizo un llamado a la ciudadanía hondureña, para que no permita que se comentan los mismos hechos ocurridos en la aprobación de la ilegal reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, ocurrida en el mes de enero pasado.

Ante el Proyecto de Reforma que se sometió a la Cámara Legislativa encaminado a modificar la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito el CNA establece que en el año 2015, abogados independientes, presentaron Recurso de Inconstitucionalidad contra dicha ley, por considerar que violenta derechos y garantías constitucionales; sin embargo, los mecanismos incoados, fueron desestimados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que se apega a los lineamientos exigidos en la Norma Suprema del ordenamiento jurídico hondureño.

El Proyecto presentado por Denis Castro “tiene como finalidad única el beneficio de personas que actualmente están siendo sometidas a procesos penales y que su vinculación con diferentes partidos políticos, les está exigiendo la compensación de favores, como recompensa de su apoyo”, manifiesta el comunicado del CNA divulgando este miércoles.

Continúa diciendo que “es evidente que en ningún momento se está pensando en la sociedad hondureña, sino que en sujetos socialmente reconocidos y que, mediante recursos económicos ilícitos, han adquirido bienes y realizado mejoras a los inmuebles obtenidos de manera previa al ejercicio de la función pública”.

Agrega que el Proyecto de Reforma, es la evidente muestra de un conflicto de interés, ejecutado por el Diputado Proyectista, quien fungió como Gerente General de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, misma que le fue asegurada en 2013; por lo que uno de los socios (su sobrino) se encuentra en la actualidad bajo prisión preventiva, por enfrentar procesos penales en los órganos jurisdiccionales competentes.

Finalmente destaca el CNA que la actual Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, no presenta ninguna razón para ser reformada o considerarla inconstitucional, sino que el problema radica, en que los operadores de justicia, no aplican los procedimientos establecidos en la misma, de una manera objetiva y correcta, sino que de forma desproporcional.

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