Acusan a ministro de la Juventud de estafa y a ex fiscal adjunto de falsificación

Requerimiento contra quince personas fueron presentados por la Fiscalía, entre ellos los abogados Guillermo Thuman Conde (61) y José Dolores Cantarero Bonilla (62) por el delito de falsificación de documentos públicos y contra Yuri Melara Berlioz (51), ex fiscal adjunto, por dos delitos de falsificación de documentos públicos.

Ademas, contra el director de la Juventud Feryd Basha Sahury (37), Roberto Padilla Velasco, Carlos Vallejo Cerrato, Maximiliano García Fenufino (52), Carlos González Montes (52), Sergio Benegas Pineda (44) y Claudia Garcia Mairena (32) por los delitos de estafa continuada contra Karla Velasco Estevéz y José, Carlos y Manuel Velasco Romero.

La Fiscalía logró constatar que el 8 de
enero de 1997, Guillermo, Fernando, Carlos y María Isabel Velasco Lainez formaron la Corporación Hondureña de inversiones y Alquileres, S de R.L. (Cohinsa), en aras de administrar bienes inmuebles y negocios de la familia.

En 2010, Carlos Velasco Lainez, vía correo electrónico puso en conocimiento a sus familiares que Roberto Padilla Velasco, Gerente general alterno de la sociedad, supuestamente estaba realizando acciones reñidas con la Ley, en perjuicio de los socios fundadores de la sociedad Cohinsa.

Asimismo, durante en la investigación se verificó que el abogado y notario José Dolores Cantarero Bonilla (62), autorizó el instrumento público 702 de compra-venta de fecha 11 de marzo de 2011, en el que se realizó dicho acto y en donde participaron como vendedores de varios terrenos Roberto Velasco Montes (34), Mireya Montes (60), Carlos Velasco Lainez y Guillermo Velasco Castillo y de los compradores Fredy Molina Bendeck (31) y Antonio Miguel Molina Bendeck (26), pese a que Carlos Velásquez Lainez falleció el 22 de febrero de 2011.

Por su parte el abogado Melero Berlioz (51), constituyó las empresasComercial e inversiones del Litoral, S.A e Inversiones Terranostra, S.A, en donde los ciudadanos Harold Erazo Rivera y Sara Suyapa Garcia González eran socios de la misma, pero al declarar ante los fiscales desconocían haber firmado algún documento a través de la cual se transfirieron bienes inmuebles en detrimento de Karla Esteves, José, Carlos y Manuel Velasco Romero.

También, se constató que el abogado y notario Guillermo Thuman Conde (61), constituyó la sociedad mercantil inmobiliaria GTR SA, de fecha 29 de mayo de 2012, en la que dio fe de la comparecencia en dicho acto de la ciudadana María Victoria Recalde, pero según registros migratorios, esta persona estaba fuera de Honduras para esa fecha.

Al sumar el supuesto daño causado a los afectados el monto de la estafa continuada asciende a 136 millones de lempiras aproximadamente y según el Código Penal, la estafa continuada contempla una pena de 6 a 15 años de reclusión, la falsificación de documentos públicos de 3 a 9 y el uso y falsificación de documentos públicos de 3 a 9 años de reclusión.

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