Piden a la Maccih investigar red de corrupción en concesión de hidroeléctricas
Austra Berta Flores, madre de la líder ambientalista Berta Cáceres, presentó este martes ante la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) una petición para que se investigue una supuesta red de corrupción que opera en la concesión de proyectos hidroeléctricos y Extractivista.
La denuncia la hizo basada en los actos de corrupción denunciados en un estudio presentado recientemente por Oxfam, una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países.
“Son argumentos válidos para exigir la anulación del permiso de operación de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el río Gualcarque, y para que la investigación alcance a todos los niveles implicados en el asesinato de mi hija”, señaló Flores.
Asimismo, la familia de Berta Cáceres presentó la evidencia documentada en el informe ante el Ministerio Público y a la vez, solicitó una investigación formal de los contratos otorgados por el Estado de Honduras a favor de la empresa DESA.
El estudio publicado por Oxfam revela una supuesta red de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de contratos y permisos de operación al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
El documento, denominado “Hechos y Circunstancias Alrededor del Asesinato de Berta Cáceres Flores”, resume argumentos legales para solicitar la clausura definitiva del proyecto.
El Proyecto Agua Zarca es una iniciativa que impulsa la empresa DESA desde el 2009 y ocho meses de su constitución, DESA suscribió contratos de operación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica.
Entre los vicios de nulidad, el estudio señala que la SERNA otorgó la concesión y la licencia ambiental a favor de Agua Zarca sin que cumpliera con la consulta previa, libre e informada en los términos que dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas.
Asimismo, la SERNA concedió ilegítimamente un incremento al volumen de aprovechamiento de aguas nacionales del río Gualcarque, así como una ampliación de 20 años sobre el Contrato de Operación del proyecto hidroeléctrico sin la aprobación del Congreso Nacional, violentando el artículo 205 de la Constitución de la República.
Flores pidió una investigación conjunta tanto del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y el asesinato de Cáceres, lo que posibilitaría la obtención de resultados definitivos y concretos. Actualmente ambos casos se manejan en fiscalías y unidades diferentes.
En el caso del crimen de Berta Caceres hay ocho personas por el delito de asesinato de las cuales cuatro tienen nexos militares y uno es empleado de DESA, lo que vuelve necesaria la ampliación de la investigación hacia posibles autores intelectuales, cómplices y encubridores.
