Relatora Especial de la ONU recomienda revocar el contrato del Proyecto Agua Zarca
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, presentó un informe sobre su visita a Honduras esta semana en Ginebra y llamó a que una comisión independiente investigue el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.
El informe incluye un anexo extensivo sobre la lucha del pueblo Lenca de Río Blanco y recomienda que "se debe considerar seriamente revocar el contrato a favor de la empresa DESA".
Francisco Javier Sánchez, Presidente del Consejo Indígena de Río Blanco y miembro del COPINH, al agrader el informe de la Relatora durante la presentación en Ginebra, resaltó la importancia de sus recomendaciones para el Estado de Honduras y las instituciones financieras, especialmente en términos del Proyecto Agua Zarca y la responsabilidad de los bancos que lo financian.
"Los actos de violencia asociados con la realización del proyecto incluyendo los asesinatos de Berta Caceres, Tomas Garcia y otros dirigentes lencas, constituyen también delitos, y al respeto, el Estado, la empresa e instituciones financieras tienen responsabilidades bajo los estándares internacionales, manifiesta el informe.
Además establece claramente las violaciones de derechos humanos e indígenas asociados con el proyecto Agua Zarca, incluso que nunca hubo consulta ni consentimiento previo, libre, e informado, igual que la violencia, ataques, y asesinatos que ha sufrido el pueblo Lenca.
El COPINH exige que el estado de Honduras tome en serio los derechos indígenas y cancele de forma definitiva el Proyecto Agua Zarca. Igual exigen a los bancos que financian el proyecto – el FMO, Finnfund, y el Banco Centroamericano de Integración Económica – que se retiren inmediatamente y definitivamente del proyecto Agua Zarca.
"Ya basta con las justificaciones, excusas, y mentiras de DESA y los bancos. Es hora de cancelar los préstamos a este proyecto, que ha generado tanto muerte y sufrimiento", asegura el informe.
Por otro lado, agrega que los bancos inversionistas en este caso deben ser conscientes de sus responsabilidades al haber tenido relaciones comerciales con una empresa implicada en actos que constituyen delitos y graves violaciones de derechos humanos.
Aun antes del asesinato de Berta Cáceres se habían producido graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo amenazas, actos de agresión y muertes cometidas por agentes militares, personas vinculadas con la empresa o simpatizantes del proyecto.
La relatora añade que no obstante esta situación, "los bancos inversionistas nunca vieron motivo para cuestionar el apoyo que brindaban al proyecto, pese a que, según el FMO, se habían realizado de manera continua estudios y viajes de debida diligencia y se contrataron consultores para averiguar los impactos del proyecto".
Se pregunta ¿qué valor se le dio a la seria de denuncias sobre los actos de violencia a través de los años contra miembros de COPINH y comunitarios de Río Blanco opuestos al proyecto?
La Relatora Especial advierte que las declaraciones de DESA y de las instituciones financieras nunca hicieron referencia a estas acciones penales, a los diversos actos de violencia que han sufrido los opositores al proyecto desde su inicio.
Por otro lado, "si una empresa o institución carece de influencia para prevenir o mitigar las consecuencias negativas de la otra entidad, debe considerar poner fin a la relación, teniendo en cuenta "la gravedad de las consecuencias sobre derechos humanos: cuanto más grave sea la violación, menos deberá tardar la [institución] en decidir si rompe la relación".
"Dada la gravedad de las violaciones de derechos humanos y los delitos vinculados con el proyecto, cabría preguntarse sobre la responsabilidad compartida de FMO, Finnfund y BCIE por estos actos", cuestiona.
Finalmente y teniendo en cuenta los actos de amenaza, hostigamiento y de violencia perpetrados durante años contra miembros de COPINH y de Río Blanco opuestos al proyecto Agua Zarca, y a la imputación de por lo menos dos personas vinculadas con la empresa DESA por el asesinato de Berta Cáceres, y las violaciones relacionadas con la falta de consulta previa, la relatora recomienda al Estado considerar seriamente revocar el contrato a favor de la empresa DESA, así como las licencias y otros permisos a favor del proyecto Agua Zarca.
Asimismo pide que proceda a la desmilitarización de la región de Río Blanco y de la zona del proyecto mediante el retiro de las fuerzas militares, policiales, y de seguridad privada empleadas por la empresa.
