Gobierno desalojaría a huelguistas de hambre
El gobierno desalojaría en las próximas horas a los manifestantes que están en huelga de hambre para exigir la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), según información en poder de organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo con la información recibida, por el Comite por la Libre Expresión (C-Libre), la petición habría sido hecha por los comerciantes de la zona cuyos negocios permanecen aislados hace nueve días por una valla policial y militar que pretende impedir que los manifestantes lleguen a instalar la huelga frente a Casa Presidencial, han denunciado los huelguistas desde su instalación, el 22 de junio pasado.
Los militares han violentado el derecho a circulación, los derechos de los comerciantes y el derecho a la libertad de expresión de los protestantes. Desde el inició de la manifestación, ha habido una especie de intimidación sicológica con rumores constantes de desalojo.
De acuerdo con información oficial, proporcionada a organismos de derechos humanos, el procedimiento que están siguiendo es pedir a la Fiscalía y al Poder Judicial la autorización de desalojo en clara violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, entre otros.
Tras intensos esfuerzos de Ciprodeh, C-Libre, el Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos para dialogar con los jefes militares al mando de la operación, que tiene como primera línea de defensa a policías, con el objetivo de que retire las vallas y permita que la manifestación se realice en las orillas y no en medio de una de las calles del bulevar Juan Pablo Segundo de la capital, la vulneración del derecho a la manifestación pacífica se mantiene.
C-Libre demanda al Alto Comisionado de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que formulen declaraciones públicas urgentes ante las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos por parte del gobierno que ha convocado a un diálogo parcial con personas afines o que reciben fondos del Estado, mientras la oposición, ciudadanos críticos, defensores y periodistas independientes son estigmatizados.
