Avizoran crisis al proponer reforma a párrafo constitucional
Diputados del Partido Nacional de Honduras presentaron este lunes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso orientado a impugnar el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución de la República.
Los parlamentarios afirman que el artículo violenta la libertad de expresión, ya que se refiere a las sanciones de las que serán objeto el Presidente o designados que expresen su voluntad de ser reelectos.
El artículo 239 cita en el primer párrafo que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.
Este aspecto no está incluido en la impugnación, porque no lo consideran un factor negativo; mientras que el párrafo siguiente lacera la libertad de expresión, según los congresistas.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública, dice el capítulo que pretenden anular.
De acuerdo con los nacionalistas lo anterior no solo quebranta la libertad de expresión, sino también los derechos humanos establecidos en convenios internacionales.
Lo que se busca es evitar que se vulneren los derechos de los legisladores y la ciudadanía, porque quita el bozal para hablar de reelección, dijo Tomás Zambrano.
Entre los representantes del Partido Nacional que llegaron al Poder Judicial están Óscar Álvarez, David Chávez, Francisco Rivera, Tomás Zambrano, Antonio Rivera y Wesly Vásquez, en representación de las mujeres cachurecas.
A los antes mencionados los acompañó el diputado de la Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón, quien aclaró que su posición es a criterio personal.
Varios diputados del Partido Nacional de Honduras presentaron este lunes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso orientado a impugnar el segundo párrafo del artículo 239 de la Constitución de la República.
Los congresistas cuestionan que el párrafo violenta la libertad de expresión, ya que se refiere a las sanciones de las que serán objeto el Presidente o el designado que exprese su voluntad de ser reelectos.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública, dice el capítulo que pretenden anular.
De acuerdo con los nacionalistas lo anterior no solo quebranta la libertad de expresión, sino también los derechos humanos establecidos en convenios internacionales.
Lo que se busca es evitar que se vulneren los derechos de los legisladores y la ciudadanía, porque quita el bozal para hablar de reelección, dijo Tomás Zambrano.
Entre los representantes del Partido Nacional que llegaron al Poder Judicial están además de Zambrano, Óscar Álvarez, David Chávez, Francisco Rivera, Antonio Rivera y Wesly Vásquez.
A los antes mencionados los acompañó el diputado de la Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón, quien aclaró que su posición es a criterio personal.
La situación provocó inmediatamente la reacción de rechazo del presidente del Partido Liberal y del Partido Anticorrupción, Mauricio Villeda y Salvador Nasralla, quienes pidieron seguir el proceso a todos los diputados que firmaron la propuesta.
Indicaron que los parlamentarios deben ser suspendidos de acuerdo a lo que establece el artículo constitucional, al tiempo que alertaron que esa acción de los diputados puede llevar a una crisis política.
