Procuraduría denuncia a funcionarios de Prospera por traición a la patria y usurpación
La Procuraduría General de la República (PGR), interpuso ante fiscalía, una denuncia penal contra los ciudadanos Jorge Colindres Castillo y Alberto Hernández Franks, por la comisión de los delitos de Traición a la patria y Usurpación de fundaciones publicas, en perjuicio del Estado de Honduras.
La denuncia se fundamenta en que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante sentencia dictada y publicada en La Gaceta en noviembre del 2024, declaró la inconstitucionalidad con efecto ex tunc (desde su origen) de la reforma constitucional y de la ley que dieron sustento a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Asimismo se fundamenta en el decreto que creo el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), que indica que ningún nombramiento emitido por dicho comité y las actuaciones derivadas de estos, incluido los denominados: «secretario de técnico ZEDE Prospera y/o fiscal civil”, tiene validez alguna.
Agrega que pese a esa resolución firme y de conocimiento público, el señor Colindres Castillo continuó ostentando como autoridad de una supuesta jurisdicción especial y recientemente juramentó a Hernández Franks en el cargo de «Fiscal Civil» de ZEDE Próspera, atribuyéndole facultades de cobro forzoso de tributos y de resguardo del orden público que la Constitución de la República reserva de manera exclusiva y excluyente a los poderes del Estado.
Ante estos hechos, la PGR solicitó al Ministerio Público iniciar de inmediato la investigación penal correspondiente; ordenar la preservación urgente de la evidencia vinculada a los actos denunciados; recabar la documentación e informes pertinentes ante las instituciones del Estado y las entidades vinculadas a ZEDE Próspera y tomar las declaraciones que correspondan.
La PGR insta al Ministerio Público a concluir la investigación para que culmine en la acción penal correspondiente y a coadyuvar en dicha acción una vez judicializada ante los tribunales competentes, a fin de deducir la responsabilidad que en derecho corresponda.
