Amenazan a periodista y le dan ultimátum para suspender publicaciones sobre red de abortos
Un periodista del medio de comunicación ICN está siendo objeto de amenazas de muerte y le dieron un ultimátum de 72 horas para retirar una serie de reportajes relacionados con una presunta red dedicada a la distribución de medicamentos utilizados para abortos.
La alerta fue emitida por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) quien denunció que mediante WhatsApp y otras plataformas digitales al periodista se le advertía sobre sus horarios, desplazamientos cotidianos y movimientos, acompañados de fotografías personales.
Según C-Libre, esos elementos evidencian acciones de vigilancia e intimidación dirigidas a generar temor y obligarlo a desistir de otras publicación sobre esta temática de posibles abortos clandestinos en Honduras.
El contenido audiovisual publicado en ICN, menciona que los actos de intimidación comenzaron después de que el presidente del Congreso Nacional anunciara la conformación de una comisión especial para investigar las denuncias difundidas por ICN Investiga.
De acuerdo con la investigación periodística, una mujer presuntamente vinculada con la entrega de estos medicamentos manifestó que trabajaba para una doctora, aunque se negó a revelar su identidad.
Estos hechos se suman a un contexto de amenazas previamente denunciadas contra integrantes del equipo de investigación de ICN Investiga, lo que evidencia un patrón de hostigamiento dirigido contra periodistas que desarrollan investigaciones sobre asuntos de interés público.
Luego de un análisis del caso, el equipo técnico de C-Libre expresa que las amenazas de muerte constituyen una de las formas más graves de agresión contra quienes ejercen el periodismo.
Sin duda alguna, se configura una censura directa incompatible con los estándares nacionales e internacionales de protección de la libertad de expresión, puesto que las amenazas están directamente relacionadas con el contenido de una investigación periodística y buscan obtener el retiro de publicaciones.
“Resulta crítico que el ultimátum impuesto al periodista, acompañado de información sobre sus desplazamientos y fotografías personales, pues refleja un escenario de vigilancia que incrementa significativamente el nivel de riesgo para su integridad física y psicológica”, sostiene C-Libre.
Agrega que esas acciones no solo afectan a la víctima directa, sino que generan un efecto intimidatorio sobre otros periodistas que investigan posibles actos de corrupción o asuntos de interés público.
El periodismo de investigación desempeña una función esencial en una sociedad democrática al revelar información relevante para la ciudadanía y fortalecer la rendición de cuentas. De ahí que estas agresiones dirigidas a impedir la publicación o permanencia de estos contenidos restringen el derecho colectivo de la sociedad a recibir información y debilitan los mecanismos de control social sobre la gestión pública.
C-Libre recuerda a las autoridades de seguridad ciudadana que la Constitución de la República de Honduras garantiza la libertad de emisión del pensamiento y prohíbe toda forma de restricción ilegítima al ejercicio de este derecho. Asimismo, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio.
Por otra parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que las amenazas, intimidaciones y cualquier otra forma de presión ejercida contra periodistas vulneran gravemente la libertad de expresión y generan un efecto inhibidor sobre el debate democrático.
