¿Peaje o pillaje?

Por Mario E. Fumero*

Hay cosas que no acabo de entender en Honduras, y cuando analizo la situación a la luz de las leyes, no comprendo la subida en el cobro de los peajes en la concesión dada a una empresa privada. Lo primero que tenemos que señalar es que la Constitución de la República establece el derecho de todos sus ciudadanos a la libre circulación por el país como dice el Artículo 81 “Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanece en el territorio nacional.” sin embargo, en Honduras, si no pagas un peaje, no puedes circular de una zona a otra.
En la gran mayoría de los países del mundo donde existen peajes o carreteras expresas, los gobiernos las permiten, siempre y cuando el pueblo tenga una segunda ruta alterna para la libre circulación, aunque esta tenga que cruzar por muchos pueblos.
En Honduras, para viajar a cualquier lugar intermedio entre San Pedro Sula y la capital, se tiene que pagar tres veces peaje (o pillaje). No hay una alternativa para circular, lo que nos obliga impositivamente tener que pagar un peaje que se ha vuelto un verdadero pillaje.

Lo otro que no entiendo es que esa carretera, que une Tegucigalpa con San Pedro Sula, y fue construida con los Fondos del Milenio y, posteriormente, se le dio la concesión a una empresa privada para su mantenimiento mediante un cobro moderado pueda actuar abusivamente, sin justificación. Si analizo levemente lo que cada estación de cobro recauda al día, no cabe duda de que en cada una ellas entran a sus arcas más de un millón de lempiras. Si sumamos las tres garitas de cobro, las entradas diarias sobrepasan varios millones, los cuales, multiplicados por 30 días, representan una fortuna, suficiente para construir otras carreteras, además de reparar las zonas concedidas, en lo cual no invierten tanto.

Pero este concesionario, no conforme con lo que cobra y con los grandes beneficios que obtiene, de forma indiscriminada y unilateral decide subir los peajes, ante el silencio y la indiferencia de un Estado que, con esa concesión, le cedió soberanía a una empresa privada por encima de lo establecido en la Constitución de la República.

Ni la Corte de lo Constitucional, ni el Congreso, ni ninguna de las autoridades parecen ser capaz de frenar y auditar las grandes y millonarias ganancias que esta concesionaria obtiene, violando el derecho a la libre circulación. Algunos, piensan que existen políticos que, por debajo de la mesa, se benefician de esta violación constitucional.

Es necesario que el Estado y el Congreso de la Nación, Así como la corte de lo constitucional, se planteen de forma firme el frenar los abusos de esta empresa y establezcan un análisis entre inversión y ganancia, para determinar si la subida del peaje es justificable, o si simplemente están patrocinando un pillaje más de una empresa que no beneficia al pueblo, aunque sí le deja sustanciosas ganancias al Estado.

Estoy de acuerdo con que se cobren peajes, siempre y cuando la ciudadanía tenga la opción de poder circular hacia el mismo destino por otras rutas, aunque estas no sean de la misma calidad que ofrecen las carreteras expresas. En tal caso, pagar peaje para llegar más rápido a un destino sería una decisión del conductor y no una obligación del ciudadano. Y yo pregunto: ¿hará algo el Estado para frenar el pillaje?

*marioeduardofumero@gmail.com
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