OACNUDH urge al Estado hondureño cumplir sentencias de CorteIDH y derechos territoriales garífunas
La Oficina de Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) expresó su preocupación por los recientes hechos de violencia en contra de integrantes de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y a dirigentes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
La desaparición, presuntamente forzada de Max Gil Castillo el pasado 12 de abril en San Pedro Sula y las recientes amenazas a muerte contra integrantes y liderazgos de estas comunidades constituyen hechos de extrema gravedad y requieren la adopción de medidas de carácter urgente, refiere la ONU.
Estado debe garantizar implementación de las tres sentencias de la Corte Interamericana
La violencia, despojo y discriminación estructural contra quienes defienden derechos de tierra, territorio y recursos naturales en un contexto de riesgos y amenazas constante persistirán hasta que el Estado garantice la implementación efectiva de las tres sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Estas sentencias ordenan la reivindicación y saneamiento de los territorios de estas comunidades, por tanto, la Oficina exhorta al Estado de Honduras de manera urgente a realizar investigaciones diligentes, exhaustivas e independientes que permitan prevenir la materialización de las amenazas contra las comunidades, esclarecer los hechos y sancionar de manera efectiva a todos los responsables.
Para la búsqueda de Max Gil Castillo, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial deben garantizar la participación de las víctimas y el principio de presunción de su vida.
La OACNUDH pide adoptar de forma inmediata medidas integrales de protección a través del Sistema Nacional de Protección (SNP) que prevengan posibles afectaciones a su vida e integridad personal de las y los integrantes de estas comunidades y sus liderazgos.
Asimismo redoblar los esfuerzos del Estado para el efectivo cumplimiento de las sentencias, medidas cautelares y provisionales en las cuales el Sistema Interamericano ordena reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades garífunas y la protección de sus integrantes.
