Cuatro periodistas han sido secuestrados en última semana de noviembre en Honduras
Cuatro periodistas fueron secuestrados en Tegucigalpa y San Pedro Sula durante la última semana de noviembre, denunció hoy el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Prensa Hondureña (APH).
Los secuestros fueron cometidos por parte de desconocidos, con la finalidad de imponer un régimen de censura al abordaje informativo sobre las actuales crisis humanitarias que atraviesan los hondureños. A partir del momento en que se perdió toda comunicación, confirme a los estándares internacionales, sufrieron una desaparición forzada, indica el comunicado tripartito.
Las organizaciones reflejan el aumento de las presiones sobre el ejercicio del trabajo periodístico en Honduras y de las agresiones contra los trabajadores de la comunicación, especialmente sobre la divulgación de información pública relacionada con el manejo de los fondos estatales destinados a enfrentar las emergencias humanitarias producto de Covid19 y las tormentas Eta e Iota.
Señalan que desde el inicio de la cuarentena por COVID-19 en Honduras, se han cometido un total de 89 agresiones contra trabajadores de la información, todas ellas, en el marco de la labor noticiosa, de acuerdo con cifras de C-Libre.
En este contexto, “actores estatales y privados en Honduras, mantienen fuerte presión sobre medios de comunicación al punto de enviar cartas exigiendo a los dueños de medios de comunicación el despido de periodistas que han realizado investigaciones, denuncias o cuestionamientos sobre el manejo de fondos por las emergencias humanitarias por COVID-19, Eta y Iota”, afirma el comunicado.
Agrega que en las últimas horas, al menos dos periodistas de San Pedro Sula anunciaron públicamente que están a punto de salir de Honduras de forma temporal, con la finalidad de salvaguardar su vida e integridad física.
Destaca la implementación de un cerco informativo para evitar que periodistas y defensores de derechos humanos realicen sus labores habituales en el marco de la pandemia, como la obstaculización del acceso a la cobertura del arribo de los hospitales móviles y de los sitios en donde se instalan, y la detención policial de al menos nueve periodistas en retenes policiales, pese a que se encuentran dentro de las excepciones contenidas en los PCM 21-2020 y los subsecuentes decretos del Presidente en Consejo de Ministros.
Por ello, las organizaciones urgen a las autoridades de Honduras actuar de acuerdo a su obligación de preservar la vida, integridad física y psicológica de los periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación e información en Honduras, así como garantizar las condiciones para el ejercicio de su trabajo.
Instan igualmente a los trabajadores de la comunicación a continuar con su enorme aporte a la veeduría social en cuanto al manejo de los fondos públicos y cualquier hecho de interés público.
Exigen al Mecanismo Nacional de Protección renovar esfuerzos para garantizar la integridad de los periodistas, que durante los últimos meses han visto mermados las medidas de protección de parte de esta instancia y que se permita el ejercicio de la protesta pacífica y detenga el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos.
Abogan para que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, documente las agresiones contra la prensa y canalice a nivel internacional la información proporcionada. Así como que se incrementen sus esfuerzos para asesorar a la Secretaría de Derechos Humanos, al Poder Ejecutivo, a las fuerzas policiales, militares y otras instituciones responsables de las políticas en derechos humanos para que cumplan con su obligación de respetar los instrumentos y convenios internacionales en la materia.
Finalmente llaman a la fiscalía especial de protección de defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia del Ministerio Público, que abra una investigación de oficio sobre las agresiones cometidas contra periodistas y lamentan que han demostrado su poca eficacia en llevar a juicio a los culpables de violaciones a derechos humanos.
