Honduras: La tortura, una realidad cotidiana que no se investiga y permanece impune
Ante la militarización y la represión, la misión de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) recomienda excluir a las fuerzas armadas de tareas relacionadas con el orden público.
Ginebra, 13 de diciembre de 2019.- Una misión internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunció que la militarización de las instituciones continua y cada vez es mayor en Honduras, así como el hacinamiento y las malas condiciones de vida en reclusión y una fuerte represión a toda persona que se manifieste pacificamente en contra de medidas de la institucionalidad.
La delegacion internacional estuvo compuesta por Enrique Font, experto internacional y miembro del MNP de Argentina y Teresa Fernández Paredes, encargada para América Latina del Secretariado de la OMCT, visitó Honduras entre el 2 y el 7 de diciembre de 2019 para acompañar a las organizaciones Cáritas San Pedro Sula y elCentro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura(CPTRT), miembros de la Red SOS-Tortura.
La misión pudo constatar que los problemas ya identificados en visitas anteriores no solo no se han revertido sino que, en la casi la totalidad de los casos, se han incrementado.
Los visitantes daban seguimiento a su anterior misión de junio de 2018 y entablaron diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y las víctimas que participaron en distintas reuniones, visitas y actividades llevadas a cabo en Tegucigalpa y Támara.
Con relación a la identificación de actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los visitares recibieron múltiples y coincidentes informaciones que indican que los casos de malos tratos ocurren y que diversos obstáculos impiden su investigación y seguimiento, quedando en su mayoría en la impunidad y sus víctimas desprotegidas.
«Si bien el trabajo de Medicina Forense conoce y utiliza los protocolos internacionales de Estambul y Minnesota, no les son derivados muchos casos y, en ocasiones, llegan demasiado tarde para encontrar huellas físicas visibles de tortura, al no realizarse exámenes específicos para la tortura psicológica. Este punto nos ha preocupado especialmente puesto que pone en grave riesgo de represalias a las personas privadas de libertad que denuncian estos hechos, pero que finalmente no pueden ser constatados ni investigados», indica el informe.
Los datos cuantitativos oficiales a los que pudieron tener acceso la misión, reflejan cifras irrisorias, con tan solo 33 casos de tortura y 17 de vejámenes abiertos en la Fiscalía de Derechos Humanos en los últimos 5 años. Además, en el último año no habido ninguna condena.
En suma, las fallas en detección, unidas a una escasa protección a las víctimas de estos malos tratos y la no judicialización de los pocos casos que llegan ante las autoridades genera, evidentemente, un clima de impunidad generalizada que desincentiva a la denuncia y genera desconfianza en las autoridades.
El informe agrega que estos potenciales casos de tortura y malos tratos no solo tienen lugar en centros de privación de libertad sino también en las regiones rurales o indígenas y en las ciudades donde se ha reprimido fuertemente la manifestación y la protesta pacífica, afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables (como mujeres, colectivo LGBTI y personas campesinas e indígenas) y a los defensoras de derechos humanos.
La misión recogió testimonio de distintos activistas sociales que enmarcaron esta violencia en el incremento constante de la militarización y deshumanización del tratamiento a la población civil, sobre todo a aquellos que luchan por los derechos a la tierra y al medio ambiente, que son continuamente hostigados, igual a un «mayor control por parte de las fuerzas armadas, apoyado por la constitución de nuevas fuerza militares y policiales (como la Fuerza Anti-maras y Pandillas) y un recrudecimiento del Código Penal, no se ha visto tampoco traducido en un incremento de la seguridad en el país sino todo lo contrario, un mayor clima de violencia y un incremento de la población reclusa».
La delegación recomienda aprobar un marco regulador del uso de la fuerza, incrementar la capacitación de integrantes de las fuerzas del orden y excluir a las fuerzas armadas de tareas relacionadas con el orden público.
Igualmente la OMCT insta a las autoridades hondureñas a finalizar de forma urgente los trámites necesarias para la designación de todos sus miembros del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles (Conaprev) entre profesionales de reconocida capacidad en la materia.
También consideran urgente que se tomen medidas firmes y contundentes para hacer frente a los desafíos constatados, tomando como referencia las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en su última evaluación de Honduras en agosto de 2016 y las establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su ultima visita al país centroamericano.
Y, especialmente, en todo lo relativo a la documentación y detección de la tortura, el establecimiento de medidas de prevención y de investigación y la judicialización y reparación a las víctimas.
